La exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert publicó esta semana un informe que acusa omisiones institucionales previas a la masacre de Lampa, según T13. El canal accedió al documento, titulado "Alertas, omisiones y el avance del crimen organizado en Chile", que la exautoridad firma en su nuevo rol de investigadora en seguridad pública.
El caso partió el 16 de julio de 2024. Ese día, durante una fiesta after en una parcela de Lampa, en la Región Metropolitana, cuatro hombres y una mujer murieron baleados. De acuerdo con T13, el Tren de Aragua ejecutó la matanza porque la fiesta se organizó sin su permiso y sin pagar la "vacuna", el cobro que la banda exigía a los productores de eventos nocturnos.
La investigación derivó en la "Operación Tokio", un megaoperativo de junio de 2026 contra la estructura financiera de esa organización criminal de origen venezolano. En él cayeron ejecutivos bancarios que formaban parte de la red. Entre ellos está José Carlos Pérez Asencio, el principal ejecutivo comprometido, detenido el 2 de junio de 2026.
El núcleo del informe apunta a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el organismo que recibe y procesa reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero. Tal como reveló CIPER en junio, la UAF envió en abril de 2024 al fiscal nacional un informe de inteligencia financiera sobre esta red. Eso ocurrió tres meses antes de los asesinatos.
Según el documento, la UAF despachó al menos cuatro informes de este tipo entre abril de 2024 y mayo de 2026. Sin embargo, la red siguió operando. Entre 2022 y 2025 lavó más de 75 mil millones de pesos.
Steinert evita una conclusión tajante. "En sentido estricto, no puede afirmarse que la masacre de Lampa era evitable", escribió. Precisó que un informe financiero describe flujos de dinero y no anuncia un homicidio.
Aun así, sostiene que esos tres meses abrían una ventana. A su juicio, una investigación formal con diligencias, bloqueo de cuentas y detenciones "habría puesto presión sobre la estructura que finalmente ejecutó la matanza". Agregó que la misma evidencia que después desarticuló la red "ya estaba, escrita y despachada, en un escritorio de la Fiscalía Nacional".
El informe también describe cómo partió de verdad la causa. La Policía de Investigaciones (PDI) no comenzó con los reportes de la UAF. Lo hizo con el celular que Bárbara Hernández, alias la "Barbie", recaudadora de la banda y testigo de la balacera, dejó caer al huir del lugar.
"La diferencia entre anticiparse y reaccionar, en este caso, la marcó la casualidad", concluyó la exministra. Para Steinert, perseguir el dinero ilícito es un componente esencial de cualquier estrategia contra el crimen organizado.
El debate deja una pregunta abierta sobre cómo circula la información entre la UAF y el Ministerio Público. T13 no recoge una respuesta de la Fiscalía Nacional a los cuestionamientos del informe. Ese es el próximo paso que falta en esta historia.
