Cinco senadores de fuerzas políticas distintas consolidaron una coordinación permanente en materia de seguridad, según Emol. Son Arturo Squella (Republicanos), Andrés Longton (Renovación Nacional), Iván Flores (Democracia Cristiana), Karim Bianchi (independiente) y Pedro Araya (Partido por la Democracia, PPD).
El grupo abarca desde la derecha hasta la centroizquierda. En las últimas semanas impulsó una reforma constitucional contra el crimen organizado. También presentó un proyecto para excluir a los condenados por delitos sexuales contra menores de los beneficios de reducción de penas.
El hito principal llegó el 7 de octubre. Ese día, los cinco presentaron su propia reforma constitucional de seguridad. Lo hicieron después de que el Ejecutivo decidiera no perseverar en el proyecto que había ingresado originalmente. Según el medio, el Gobierno terminó respaldando la fórmula de los senadores.
Flores fue duro con la propuesta original. Dijo que "no tenía respaldo político ni tampoco tenía ninguna posibilidad de flotar". Describió la nueva como "un proyecto nuevo, diferente, acotado, preciso, práctico".
Araya evitó hablar de ganadores. "Aquí no ha ganado ni el Gobierno ni ha ganado la oposición, lo que se ha logrado es aunar voluntades para enfrentar un problema que tiene Chile como lo es el crimen organizado", afirmó.
La reforma tiene tres ejes. El primero incorpora el crimen organizado a la Constitución y equipara, en ciertas materias, su tratamiento al del terrorismo. El segundo crea regímenes penitenciarios especiales para integrantes de organizaciones criminales y terroristas.
Esos regímenes podrían separar a ciertos internos y restringir sus comunicaciones, visitas y beneficios. En una declaración conjunta publicada en El Mercurio, los senadores advirtieron que "la privación de libertad pierde eficacia si los integrantes de las organizaciones pueden impartir órdenes, coordinar extorsiones o administrar negocios ilícitos".
El tercer eje modifica el Estado de Emergencia. Permitiría decretarlo ante un "peligro grave e inminente para el orden público", sin esperar que la amenaza se concrete. Fija un plazo inicial máximo de 30 días, prórrogas con autorización del Congreso e informes presidenciales al menos cada 15 días.
Longton explicó que la idea es actuar antes del daño. Mencionó como base los informes de inteligencia y las investigaciones del Ministerio Público. Flores, en tanto, planteó que el objetivo es convertir el combate al crimen organizado en una obligación del Estado, "independientemente del Gobierno" de turno.
En su declaración, el grupo describió una "transformación de la delincuencia" en Chile. Citó extorsiones a comerciantes y familias obligadas a dejar sus barrios por amenazas. "El crimen organizado no reconoce ciclos electorales ni fronteras partidarias", escribieron. Sostuvieron además que la reforma combina herramientas contra el crimen con mecanismos de control democrático.
La alianza tiene costos políticos. Coberturas posteriores informaron que el Socialismo Democrático removió a Araya de la Comisión de Constitución tras pactar la reforma con la derecha. El PS pidió reemplazarlo por Vlado Mirosevic. La salida desató críticas del PPD y del Presidente Kast, y RN dio por roto el acuerdo administrativo que reparte la mesa y las comisiones del Senado hasta 2030.
