Diputados y senadores del oficialismo y la oposición presentaron en pocos días cinco proyectos para impedir que condenados por violación y abuso sexual de menores accedan a rebajas de condena, según BioBioChile. La ofensiva responde a las 56 reducciones de pena que el Ministerio de Justicia otorgó entre marzo y septiembre de este año.
El medio advierte que varias propuestas podrían enfrentar obstáculos jurídicos. Además, ninguna ofrece necesariamente una solución para los casos que originaron la polémica.
La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), encabezada por Ximena Ossandón, presentó una reforma constitucional. Propone que las rebajas se rijan por la ley vigente al momento de resolver su otorgamiento. También dejaría sin efecto beneficios concedidos administrativamente durante los seis meses previos a su entrada en vigor.
Desde el Frente Amplio, la diputada Emilia Schneider anunció un proyecto para impedir que estos condenados obtengan rebajas a partir de interpretaciones de la normativa anterior a 2022.
En el Senado, Arturo Squella impulsa una iniciativa transversal junto a Andrés Longton, Iván Flores, Karim Bianchi y Pedro Araya. Según publicó Araya en X, el objetivo es asegurar la efectiva aplicación de la exclusión del beneficio. Los senadores pidieron al Gobierno darle la máxima urgencia legislativa.
La diputada Marlene Pérez anunció un cuarto texto para extender la prohibición a delitos cometidos antes de la reforma de 2022. Se reunirá este jueves con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, para analizar su viabilidad jurídica.
La quinta propuesta es de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN). Busca eliminar una excepción de la Ley 19.856, ligada al artículo 73 del Código Penal, y exigir mayor fundamentación y control al conceder rebajas. Su cambio de fondo regiría sólo para delitos cometidos después de publicada la ley.
El origen del conflicto está en la Ley 19.856, que permite reducir penas por comportamiento sobresaliente. En febrero de 2022 el Congreso excluyó de ese beneficio a condenados por ciertos delitos sexuales contra menores. Sin embargo, la Corte Suprema ha fallado que esa prohibición no se aplica a hechos anteriores a su vigencia.
Justicia defendió sus decisiones con ese criterio. Aun así, las críticas crecieron porque las 56 solicitudes se acogieron por vía administrativa, sin que los condenados acudieran antes a tribunales.
Ahí está el nudo. Las normas penales más desfavorables no pueden aplicarse en forma retroactiva, por lo que los proyectos que apuntan a delitos previos a 2022 arriesgan reparos constitucionales. Una nueva ley no garantiza revertir los beneficios ya concedidos.
La propuesta de Núñez esquiva ese problema al regir hacia el futuro, pero tampoco resolvería los 56 casos. El próximo paso visible es la reunión de Pérez con Rabat este jueves, mientras los senadores esperan que el Ejecutivo defina la urgencia.
