Los ministerios de Hacienda y Energía ordenaron a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) colaborar "de forma activa" con la investigación de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), según BioBioChile. En un comunicado conjunto, ambas carteras calificaron como "inaceptables" los hechos detectados en los reportes de emisiones de azufre de la Refinería Aconcagua.
La señal tiene peso político. Hacienda y Energía son los ministerios que supervisan a la estatal, por lo que el llamado vino de su propio dueño. El comunicado subrayó que se trata de hechos "detectados y reconocidos por la empresa".
"Como toda empresa sujeta a la regulación chilena, ENAP tiene el deber de cumplir estrictamente la normativa ambiental, entregar información veraz y actuar con transparencia ante las autoridades y la ciudadanía", señalaron las carteras.
Según el texto, ambos ministerios conocieron los antecedentes el 29 de abril. Desde esa fecha, la ministra de Energía, Ximena Rincón, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, instruyeron al directorio de Enap remitir la información al Ministerio Público y a la SMA.
El Gobierno exigió además que la empresa siga colaborando con la Fiscalía para "esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan". También dejó en manos del directorio y la administración asegurar medidas correctivas y fortalecer los controles sobre la medición y el reporte de emisiones.
La investigación de la SMA apunta a la "ocultación, alteración e imprecisión deliberada de antecedentes técnicos" sobre la recuperación de azufre. El organismo formuló cuatro cargos, dos de ellos preliminarmente gravísimos. Uno se refiere a la quema de gases en antorchas, conocida como flaring, que la compañía omitió en sus reportes oficiales.
Con esa corrección, la SMA estimó emisiones de dióxido de azufre de 1.277 toneladas en 2023 y 1.168 en 2024. El límite es de 1.145 toneladas anuales.
Enap informó que analiza los cargos y que definirá su curso de acción en los plazos legales. La empresa sostuvo que "no existe antecedente alguno" que vincule los hechos con un impacto en la población. Si se confirman las responsabilidades, arriesga una multa de hasta 22 mil UTA, cerca de US$19 millones.
