El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, aseguró que una eventual acusación constitucional en su contra no tiene asidero. Según La Tercera, lo dijo en una entrevista con Radio Duna, en medio de la polémica por la rebaja de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
"Una acusación constitucional por cumplir la Constitución y la ley me parece que no tiene asidero", afirmó el secretario de Estado. Agregó que el ministerio actuó sobre la base de la Constitución, la ley, los tratados internacionales y la doctrina reiterada de los máximos tribunales del país.
La acusación constitucional es el mecanismo con el que la Cámara de Diputados puede perseguir la responsabilidad política de un ministro. Si el Senado la aprueba, la autoridad queda destituida.
El punto central de la controversia es un cambio de criterio. Los exministros Gajardo y Cordero rechazaban estas solicitudes y dejaban que los tribunales resolvieran. Rabat explicó que su equipo tomó la decisión contraria en mayo de 2026, tras revisar la historia de la ley y su modificación de 2023.
"Concluimos que, en nuestro entender, estábamos frente a un problema de orden constitucional, un problema de orden legal", sostuvo. Según el ministro, existen normas constitucionales que obligan a aplicar la ley de manera inmediata, en línea con la jurisprudencia "muy mayoritaria".
Sobre el procedimiento, Rabat detalló que las carpetas las revisan comisiones y que a él le llega una resolución de dos o tres páginas. "Cada una de estas resoluciones leerlas es muy duro", reconoció. También admitió que no se avisó a las víctimas, porque, a su juicio, no correspondía.
Consultado sobre si faltó una consideración política, el ministro respondió que "una mirada política de las cosas a veces matiza las respuestas de orden jurídico". Sin embargo, defendió su postura: "Juré el 11 de marzo respetar la Constitución y la ley, y en eso creo que no me puedo mover un ápice".
Rabat agregó que la mirada política no puede significar trasladar el problema a otro órgano del Estado. Además, dijo no ver analogías entre estas rebajas de penas y los indultos que concedió el expresidente Gabriel Boric.
La presión sobre el ministro viene de distintos frentes. Diputados opositores y también oficialistas han cuestionado su actuar. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, pidió su renuncia y exigió anular los decretos.
Mientras tanto, el gobierno anunció que pondrá suma urgencia a proyectos para frenar estas rebajas. La propuesta busca que los requisitos del beneficio se evalúen con la ley vigente al momento de la solicitud y no al de la condena.
