La Segunda Sala de la Corte Suprema revisará este martes un recurso de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente. El recurso busca revertir los límites que la Corte de Apelaciones de Santiago impuso al análisis de los celulares incautados al senador Sergio Gahona, al exdiputado Hugo Gutiérrez y al abogado Darío Calderón.
Según informó El Mostrador, la audiencia estaba prevista para este lunes a las 9:00 horas, pero el tribunal la postergó para el martes. Los teléfonos forman parte de la investigación por presuntas irregularidades en licitaciones de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), el organismo estatal que administra la alimentación escolar y las becas estudiantiles.
Las fuentes no precisan la fecha de la resolución de la Corte de Santiago ni el número de causa (RIT o RUC, los códigos con que el tribunal y la Fiscalía identifican cada proceso). La causa está en etapa de investigación y ninguno de los tres ha sido acusado ni condenado.
La Corte de Apelaciones dispuso que el Ministerio Público solo puede usar la información que identifique como relacionada con los hechos investigados. El resto de los datos de los teléfonos queda sujeto a restricciones estrictas.
"La información restante no podrá ser examinada más allá de lo necesario para su identificación, ni entregada a otros intervinientes o a terceros, ni incorporada a la carpeta investigativa ni a informes policiales", señala el fallo, citado por El Mostrador y La Tercera.
El tribunal de alzada fundamentó su decisión en la necesidad de "alcanzar el equilibrio entre la eficacia de la persecución penal y el respeto de los derechos fundamentales" que exige la Constitución en toda diligencia intrusiva, como la revisión de un celular.
La Fiscalía rechaza ese criterio. En su escrito ante la Suprema, la fiscal Constanza Encina sostuvo que las resoluciones de la Corte de Santiago pretenden "sustituir" al órgano persecutor en la definición de cómo conducir las diligencias.
Para el Ministerio Público, decidir el alcance de la revisión, extracción y análisis de los dispositivos corresponde a la dirección de la investigación penal, una facultad que la ley le entrega a la Fiscalía y no a los tribunales.
Las fuentes no incluyen la versión de las defensas de Gahona, Gutiérrez y Calderón sobre el recurso.
La Segunda Sala deberá resolver si los límites son una protección legítima de derechos fundamentales o si exceden las facultades de la Corte de Apelaciones. Si acoge el recurso, la Fiscalía podrá modificar las condiciones con que revisa el contenido de los teléfonos; si lo rechaza, las restricciones seguirán vigentes.
