La constructora Ingeniería y Construcción Globalmix presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema, según Diario Financiero. Busca revertir un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que validó su suspensión por doce meses del Registro General de Contratistas del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Ese registro funciona como la llave de entrada a las obras del Estado. Si una empresa queda fuera, no puede competir en las licitaciones del ministerio. Por eso Globalmix sostiene que la medida es desproporcionada y vulnera su derecho constitucional a ejercer una actividad económica lícita.
El origen del caso está en 2022. En dos licitaciones de ese año, la empresa adjuntó un certificado de antecedentes comerciales emitido por la Cámara de Comercio de Santiago, fechado el 19 de agosto de 2022. El MOP cuestionó después ese documento porque no pudo validarlo con el número de verificación del Boletín Comercial.
La empresa responde que el ministerio nunca probó una falsificación. "La administración no demostró de manera concluyente que Globalmix hubiese falsificado, adulterado o presentado culpablemente un documento irregular", afirmó en su recurso. Según su versión, el MOP transformó una incertidumbre técnica, causada por un sistema de verificación que fue modificado, en una imputación grave.
El impacto concreto, de acuerdo con la constructora, es inmediato. Globalmix dice participar hoy en cinco licitaciones públicas con ofertas ingresadas en Mercado Público, el portal de compras del Estado. Todas están ligadas al MOP, la Dirección General de Obras Públicas y la Dirección de Vialidad.
La disputa judicial partió en mayo, cuando la empresa presentó un recurso de protección contra el ministerio, que encabeza Louis De Grange. El MOP había rechazado mediante una resolución exenta el recurso jerárquico de la firma, es decir, la apelación interna ante la autoridad superior, y mantuvo la sanción.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó con costas la protección. Concluyó que la resolución del MOP, del 25 de mayo de 2026, no es ilegal ni arbitraria. Según el tribunal, la sanción se aplicó con base en el artículo 44 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, tras un procedimiento en que la empresa fue oída y pudo aportar antecedentes.
Ahora Globalmix pide a la Suprema dejar sin efecto la resolución o, en subsidio, retrotraer el procedimiento administrativo. Su objetivo es que el MOP formule una imputación precisa y le permita defenderse antes de aplicar cualquier medida. La fuente no informa plazos para el pronunciamiento del máximo tribunal.
