La Fiscalía Nacional Económica (FNE) recomendó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) introducir modificaciones normativas a disposiciones contenidas en el Reglamento del Registro Nacional de Contratistas y en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que actualmente lidera el ministro Iván Poduje. Lo anterior, sostuvo la Fiscalía, “para resguardar la libre competencia y mejorar la eficiencia del sistema de contratación de obras públicas”.
En términos generales, la FNE sugirió que el Minvu deberÃa eliminar trabas, evitar riesgos de colusión y hacer más eficientes las obras públicas tras las alertas levantadas por varias constructoras. Detectó problemas en tres áreas clave: Empresas del mismo dueño, subcontratación sin reglas claras y falta de mecanismos para resolver conflictos.
Todo ello -afirmó- tendrÃa directa relación con la incertidumbre, retrasos y mayores costos en la ejecución de los proyectos, asà como en la competitividad de las licitaciones. Lo que detectó la FNE En un informe presentado al TDLC, en el marco de un expediente de recomendación normativa iniciado a solicitud de diversas empresas constructoras, la FNE advirtió que algunos aspectos de las normativas mencionadas podrÃan generar restricciones a la libre competencia.
La FNE analizó tres materias en particular, relacionadas con la prohibición de inscripción simultánea de empresas relacionadas en el Registro Nacional de Contratistas del Minvu, el régimen de subcontratación aplicable a las obras contratadas por los Servicios de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y los mecanismos de resolución de controversias durante la ejecución de estos contratos. En el informe, elaborado por su División Antimonopolios, la FNE señaló que la prohibición de inscripción de empresas relacionadas en un mismo registro o especialidad podrÃa constituir una barrera de entrada para la participación de nuevos oferentes.
Advirtió, por tanto, que la eventual eliminación de dicha prohibición debe ir acompañada de mecanismos “que eviten la participación simultánea de empresas relacionadas en una misma licitación, en lÃnea con las restricciones que actualmente contempla la Ley de Compras Públicas”. “Estas medidas buscan prevenir riesgos de coordinación, intercambio de información estratégica y competencia simulada entre entidades pertenecientes a un mismo grupo empresarial”, señaló la Fiscalía.
