El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) afirmó que el Estado de Chile mantiene una "grave deuda" en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, a un día de cumplirse siete años del estallido social del 18 de octubre de 2019, según Cooperativa.
El organismo se apoyó en datos de la Fiscalía. Durante las manifestaciones se cometieron más de 35 mil delitos, con casi 22 mil imputados conocidos y más de 20 mil víctimas.
El delito más frecuente fue la violencia institucional cometida por agentes del Estado, con un 34,1% del total. Le siguen los saqueos y delitos contra la propiedad, con 31,7%, y los desórdenes públicos, con 22,7%.
En trauma ocular, las cifras registran 464 víctimas. De ellas, 230 tuvieron algún grado de pérdida visual y dos quedaron con ceguera total bilateral.
Las causas judiciales avanzaron poco. Hubo más de 12 mil denuncias por violencia institucional, pero solo 219 terminaron con sentencia condenatoria. La mayoría se archivó, se sobreseyó o terminó con la decisión de no perseverar.
El director del INDH, Yerko Ljubetic, explicó que los Estados tienen obligaciones "ineludibles": establecer la verdad y la justicia, reparar de forma efectiva y consolidar garantías de no repetición. A su juicio, la tasa de resultados para establecer responsabilidades "sigue siendo bajísima".
Ljubetic también apuntó a "enormes insuficiencias" en la reparación, sobre todo en la salud de las víctimas. Sobre la no repetición, sostuvo que "lo que ha ocurrido va en la dirección contraria".
En el mundo político, el Gobierno anunció que no hará un acto oficial. Los partidos oficialistas firmaron el viernes el documento "Chile sin violencia, un compromiso con la paz", en rechazo a la violencia y el vandalismo de ese período.
El diputado de Evópoli Tomás Kast declaró: "Nos quisieron hacer creer que la violencia era necesaria para conseguir cambios sociales". Agregó que ninguna demanda social justifica la violencia y que Chile debe asegurarse de no vivir "algo semejante" nunca más.
Desde la oposición, el diputado socialista Raúl Leiva condenó los delitos cometidos al amparo de movilizaciones pacíficas. Para él, lo prioritario es evaluar si el sistema político ha respondido de forma oportuna a los problemas estructurales que siguen pendientes.
La opinión pública también cambió. Una encuesta de Pulso Ciudadano indica que el 64% considera el estallido un episodio negativo para el país, siete puntos más que en 2024. Solo un 31% lo cree necesario, frente al 46% de la medición anterior, y quienes lo ven innecesario subieron de 36% a 52%.
El analista político Guillermo Holzmann sostuvo que el estallido representa una crisis institucional no resuelta "a pesar de los dos intentos constitucionales". Además, anticipó una nueva ola de protestas, más transversal y más compleja de manejar para las democracias.
El aniversario se cumple este sábado 18 de octubre, sin ceremonia oficial del Gobierno.
