Las bancadas de la oposición comenzaron a estudiar una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, según Emol. Este viernes, el Frente Amplio, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el PPD, el Partido Liberal y la Democracia Cristiana anunciaron que revisarán los antecedentes jurídicos para presentar un libelo.
El origen de la crisis está en las rebajas de condena que obtuvieron 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. La oposición cuestiona el cambio de criterio que aplicó el Ministerio de Justicia para conceder esos beneficios.
La decisión salió de una reunión de los jefes de bancada del sector. En una declaración conjunta, dijeron que estarán "analizando argumentos jurídicos y dialogando con todos los sectores políticos" comprometidos con la defensa de los niños. Darán a conocer su postura común el miércoles 28 de octubre, en el Congreso Nacional.
Ese mismo día, la oposición busca realizar una sesión especial en la Cámara de Diputados para que Rabat explique el cambio de criterio. Las bancadas también pidieron al Presidente José Antonio Kast remover al ministro. "Si el ministro Rabat está en el cargo fue porque el Presidente lo nombró", señalaron.
El problema son los números. De acuerdo con Emol, la centroizquierda cuenta con 65 diputados y necesita sumar apoyos de otras fuerzas para alcanzar el umbral requerido. La nota no precisa cuál es esa cifra exacta.
Ahí entra el Partido de la Gente (PDG), con 14 diputados. Su bancada calificó los hechos como graves, aunque todavía evalúa si constituyen causal de acusación. También recordó que la situación se repite "con este y con el gobierno anterior". Los diputados del PDG se reunirán el lunes para definir sus pasos.
El Partido Nacional Libertario, en cambio, descartó por ahora respaldar el libelo. Su subjefa de bancada, la diputada Paulina Múñoz, reconoció un "error político" del ministerio, pero sostuvo que este actuó ajustado a derecho. A su juicio, una sesión especial o una interpelación sería la herramienta adecuada.
El oficialismo cerró filas con Rabat. El viernes, Kast se reunió en La Moneda con los presidentes de los partidos de gobierno. A la salida, el timonel republicano Arturo Squella calificó de "absurdo" acusar a un ministro por cumplir la ley.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, atribuyó parte de la controversia a la falta de claridad de la norma y al rol de los tribunales. El sábado agregó: "Una acusación constitucional no puede fundarse en el hecho de que un ministro cumplió con la ley". El tono contrasta con los primeros días de la crisis, cuando el propio sector criticó la decisión de Justicia y priorizó cambios legales.
Desde Demócratas, la diputada Joanna Pérez calificó de "error garrafal" la rebaja de condenas a abusadores, pero llamó a actuar con cautela frente al libelo. La definición del PDG, el lunes, marcará si la oposición llega con los votos a la cita del 28 de octubre.
