El ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrenta exigencias de renuncia y la amenaza de una acusación constitucional, según BioBioChile. La causa son las rebajas de condenas que su cartera otorgó por decreto a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y crímenes de lesa humanidad.
El giro es brusco. Hasta hace pocas semanas, Rabat era una excepción dentro del gabinete del presidente José Antonio Kast. Mientras otros ministros chocaban con la oposición, él había logrado reconocimiento en distintos sectores por su disposición a dialogar y construir acuerdos.
Su estilo tenía incluso nombre propio: el "método Rabat". Con esa fórmula se había convertido en uno de los interlocutores mejor evaluados por sectores que suelen cuestionar al Ejecutivo, en medio de las tensiones entre La Moneda y el Congreso.
Ese capital se desmoronó con la polémica. El flanco es complejo para un gobierno que puso la seguridad y la protección de las víctimas en el centro de su discurso.
El caso del diputado José Montalva, del Partido por la Democracia (PPD), ilustra el cambio. Antes había destacado el "método Rabat". Ahora cree que hay antecedentes para acusarlo. "Yo creo que aquí no hay otra alternativa que la acusación constitucional", afirmó. Sin embargo, le dejó una salida: que revoque ya esas decisiones administrativas, si tiene espacio para hacerlo.
Montalva sostuvo que la controversia genera "la desesperanza de familias que vieron una condena y que después se rebaja". También criticó la reacción del gobierno y sus sucesivas explicaciones.
La bancada del Frente Amplio pidió al presidente Kast que solicite la renuncia del ministro. El diputado comunista Luis Cuello dijo que Rabat quedó en una "posición indefendible" y que "fue desmentido por la Corte Suprema". A su juicio, debe dar un paso al costado.
La acusación constitucional es uno de los mecanismos más severos de fiscalización que contempla la Constitución chilena. Permite a la Cámara de Diputados acusar a un ministro ante el Senado, que puede destituirlo e inhabilitarlo.
Rabat reconoció un cambio de criterio administrativo tras pronunciamientos judiciales, pero defendió la aplicación de la normativa. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, recordó que fue el Ministerio de Justicia el que dictó los decretos, en ejercicio de sus facultades legales.
Hay otro antecedente incómodo, revelado por el propio ministro: Kast desconocía el cambio de criterio aplicado por la cartera.
Las dudas también alcanzan al oficialismo. "Está difícil", admitió una fuente del sector a BioBioChile. Otra calificó la controversia de "indefendible" por la gravedad de los delitos. En privado, algunos parlamentarios oficialistas apuntan a la falta de experiencia de los asesores del ministro.
La diputada Marlene Pérez (independiente-UDI) se reunió con Rabat y el subsecretario en el ministerio para pedir que reviertan las decisiones. "El presidente Kast fue claro en decir que iba a colocar a los niños primero", sostuvo.
Desde el Partido Republicano, los diputados Valentina Becerra y Luis Fernando Sánchez plantearon modificar la ley para restringir las rebajas de condenas por delitos graves. La oposición todavía no define si presentará la acusación de manera conjunta.
