Las seis bancadas de oposición en la Cámara de Diputadas y Diputados estudian una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, según BioBioChile. El motivo es que el ministro firmó 56 rebajas de pena sin recurrir a los tribunales. El análisis comenzó el viernes pasado y la decisión aún no está tomada.
La acusación constitucional es un juicio político. La Cámara de Diputados la presenta y la vota, y si la aprueba, el Senado resuelve si el ministro es culpable. Un fallo en contra implica su destitución. BioBioChile no detalla en qué plazo legal tendría que presentarse este libelo.
Según ese medio, los diputados opositores dedicarán estos días al análisis jurídico y a pedir una sesión especial en la Sala. Quienes empujan la acusación con más fuerza dicen en privado que el anuncio podría llegar la próxima semana.
El argumento central es político. La oposición sostiene que Rabat no apeló ante la justicia ninguna de las decisiones. "El ministro decidió saltarse los tribunales de justicia", "le hizo más fácil la pega a los violadores", fueron algunas de las frases después de la reunión opositora.
Según BioBioChile, la molestia creció con los detalles de casos de condenados por violación que ya están en libertad. También pesó la estrategia de La Moneda y del oficialismo más duro de compararse con el gobierno anterior.
El diputado Jaime Araya, independiente en la bancada del Partido por la Democracia (PPD), pidió actuar unidos. "Los caminos se van achicando y no queda mucho más que la renuncia del ministro", dijo. Agregó que las bancadas tendrán reuniones lunes y martes para tomar una decisión definitiva.
El oficialismo cerró filas. Los partidos más cercanos al gobierno de José Antonio Kast hablan de "carapalismo", recuerdan el caso Monsalve y acusan a la izquierda de usar el dolor de las víctimas con fines políticos.
El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, afirmó que Rabat tiene el respaldo del Presidente y de su partido. "El ministro Rabat ha sido una especie de revelación", sostuvo, y destacó que hasta ahora había hecho un trabajo impecable.
Las grietas no están solo en la oposición. El diputado de Renovación Nacional (RN) Mauro González dijo a Radio Bío Bío que, con la información disponible, "no puede defender al ministerio de Justicia", pese a que colabora con el gobierno.
Dentro de la oposición también hay matices. El socialista Marcos Ilabaca, integrante de la Comisión de Constitución, condicionó el juicio político a que se acredite una infracción constitucional o legal del ministro. La diputada independiente Joanna Pérez propuso avanzar por etapas, partiendo con una comisión especial investigadora o una sesión especial.
El dilema de fondo se ha repetido en estos meses. La oposición ha debatido si presentar acusaciones sin tener los votos asegurados y cuánto peso dar a los argumentos legales. Por ahora, el plazo autoimpuesto es claro: la definición llegaría tras las reuniones de lunes y martes.
