El presidente de la Unión Democrática Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, defendió al ministro de Justicia, Fernando Rabat, y culpó al gobierno de Gabriel Boric por la crisis que generó la rebaja de condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales, según ADN Radio. El diputado habló en el programa Mesa Central de Canal 13.
La medida provocó un rechazo amplio y abrió una crisis dentro de La Moneda. Sin embargo, Ramírez respaldó a la administración de José Antonio Kast y descartó cambios inmediatos en el gabinete. También calificó a Rabat como una de las revelaciones del equipo ministerial.
Su argumento apunta a los tribunales. "Es muy delicado, discutible pero delicado, anteponer criterios políticos a criterios que son legales, constitucionales y judiciales", dijo. Según el dirigente gremialista, no se le puede pedir a la autoridad que contravenga dictámenes masivos de la justicia.
Ramírez responsabilizó a la gestión de Boric por haber incumplido antes la norma. "Lo que hizo el gobierno del Presidente Boric fue decir 'yo no estoy dispuesto a firmar este decreto pero las personas salieron igual'. Lo que hace simplemente es traspasarle la responsabilidad a alguien más pero no resolvió el problema", afirmó. La fuente no detalla qué decreto ni qué casos involucró esa decisión anterior.
Quién gana y quién pierde en este cruce es claro. El oficialismo busca trasladar el costo político a la administración anterior. Las víctimas y la ciudadanía, en tanto, siguen sin una explicación completa sobre por qué el beneficio llegó a condenados por estos delitos.
La salida que propone Ramírez es legislativa. El dirigente adelantó que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley para evitar que la situación se repita. Además, aseguró que espera un trámite rápido y unánime en el Congreso. ADN Radio no informa una fecha de ingreso ni el contenido exacto de la iniciativa.
La crisis abrió un segundo frente dentro de la coalición de gobierno. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, cuestionó en redes sociales al exministro de Justicia Hernán Larraín y lo vinculó con Paul Schäfer, fundador de Colonia Dignidad. Luciano Ruiz-Coke y la exdiputada María José Hoffman reaccionaron de inmediato y la tensión creció durante el fin de semana.
Ramírez confirmó que hubo varias conversaciones privadas para contener el conflicto. Según su relato, Squella lo llamó directamente para retractarse de sus dichos, que el diputado calificó de injuriosos e inaceptables. Squella también llamó por teléfono a Larraín, que hoy vive en España, para pedirle disculpas formales.
El presidente de la UDI cerró con una advertencia. Según dijo, estos choques internos dañan la capacidad del Gobierno para sacar adelante proyectos en el Parlamento y desordenan la coordinación de los temas urgentes, como el proyecto anunciado sobre las rebajas de condena.
