Contraloría objeta a tres alcaldes del Biobío por apostar en casinosIn spagnolo

Los jefes comunales de Los Ángeles y Mulchén apelaron, y el caso del alcalde de Lota fue derivado a la Superintendencia de Casinos de Juego.In spagnolo

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Edificio de la Contraloría, Santiago 20230811In spagnoloImmagine: commons.wikimedia.org · Carlos yo · CC BY-SA 4.0

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La Contraloría General de la República formuló reparos a los alcaldes de Los Ángeles, Mulchén y Lota, en la Región del Biobío, por apostar en casinos pese a custodiar o administrar recursos públicos, según Emol, que cita al diario penquista El Sur.

En marzo pasado, el organismo fiscalizador identificó a 910 funcionarios públicos que apostaron en casinos de juego entre enero de 2024 y junio de 2025, algo que la ley les prohíbe. La norma que incumplieron es la Ley 19.995, que regula los casinos de juego en Chile.

En Los Ángeles, capital de la provincia de Biobío, el concejal José Salcedo (Partido Radical) reveló el martes, en la sesión ordinaria del concejo municipal, que la Contraloría les remitió un informe sobre el alcalde José Pérez. Según ese documento, Pérez apostó $3,1 millones en un casino de Viña del Mar en marzo pasado. El alcalde presentó una impugnación ante la Contraloría.

En Mulchén, comuna ubicada al sur de Los Ángeles, el alcalde José Miguel Muñoz habría apostado más de $100 millones, de acuerdo con El Sur. El Partido Republicano suspendió su militancia mientras dure la investigación. Muñoz descartó esa medida y aseguró que apeló ante la Contraloría.

El tercer caso es el del alcalde de Lota, Jaime Vásquez. La Contraloría detectó que acudió cinco veces a casinos de Talcahuano, Los Ángeles y Chillán entre octubre de 2025 y febrero de 2026, y que en esta última ciudad apostó $20 mil en total.

Vásquez sostuvo que fue algo ajeno a su trabajo y que no comprometió el patrimonio municipal. La Contraloría mantuvo de todos modos las observaciones y derivó los antecedentes a la Superintendencia de Casinos de Juego, el servicio que fiscaliza a esa industria.

Las fuentes no detallan qué sanciones concretas arriesgan los tres jefes comunales. Lo que sí se sabe es que los casos quedaron en manos de los concejos municipales de cada comuna.

Esos concejos pueden recurrir al Tribunal Electoral Regional (TER) dentro de 20 días hábiles desde que reciben la comunicación de la Contraloría, para pedir que se establezcan sanciones.

Fonti

Con informazioni di emol.com · Apri la pubblicazione originale

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