Según radio.uchile.cl, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) emitió una declaración pública en que rechaza el proyecto de ley del presidente José Antonio Kast para modificar la estructura y las competencias del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La agrupación calificó la iniciativa de "espuria".
De acuerdo con ese medio, el proyecto propone tres cambios centrales. Reduce el consejo directivo del INDH de 11 a 5 miembros, cierra sus sedes regionales para concentrar la atención en Santiago y elimina su facultad de presentar querellas.
El INDH es el organismo autónomo del Estado encargado de promover y proteger los derechos humanos en Chile. La facultad de querellarse le permite actuar como parte en causas judiciales por violaciones a esos derechos.
Para la AFEP, el objetivo de la reforma es dejar a la población en "total indefensión" frente a eventuales abusos. La declaración atribuye el recorte a "la impronta de un gobierno de ultraderecha, conservador y autoritario".
Alicia Lira, presidenta de la AFEP y Premio Nacional de Derechos Humanos 2026, sostuvo que el oficialismo busca eliminar el instituto. Según Lira, la molestia nace de las querellas que el INDH presentó por personas violentadas durante el estallido social.
La declaración también cuestiona otras decisiones del Gobierno. La AFEP acusa que la administración promueve indultos y rebajas de penas, lo que según su texto derivó en la liberación de 56 violadores y abusadores sexuales y de tres criminales de lesa humanidad. La nota no detalla la fuente de esas cifras.
Lira calificó la rebaja de penas a criminales de lesa humanidad como "una forma soterrada" de avanzar hacia indultos, que a su juicio impulsan sectores republicanos y de la UDI (Unión Demócrata Independiente). Como ejemplo citó el beneficio otorgado a César Longo, condenado a 10 años por el caso de cinco detenidos desaparecidos en 1987.
La agrupación denunció además el retiro del proyecto de ley del Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos y el cierre de indagatorias sobre adopciones irregulares. La versión del Gobierno sobre estas críticas no aparece en la información disponible.
Lira advirtió que los recortes presupuestarios al Servicio Médico Legal y al Poder Judicial afectarán las diligencias de búsqueda. Según dijo, faltarán recursos para peritos, forenses y viajes a distintas zonas del país. El proyecto sobre el INDH sigue ahora su trámite en el Congreso.
