Las asociaciones de funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) rechazaron el proyecto de ley del Gobierno que modifica el organismo. Según BioBioChile, los trabajadores advierten que la iniciativa implicaría el despido del 70% de los abogados de los equipos de protección de derechos humanos.
El Ejecutivo presentó el proyecto el lunes 19 de octubre. Los funcionarios respondieron con una declaración pública. En ella expresaron su "profunda preocupación y rechazo" a los cambios.
El INDH es el organismo autónomo del Estado encargado de promover y proteger los derechos humanos en Chile. Entre sus funciones está supervisar el actuar del propio Estado.
Según la declaración, el recorte presupuestario del proyecto también significaría el despido del 50% de los trabajadores de las sedes. Las asociaciones calificaron ese efecto como un desmantelamiento de las oficinas regionales del instituto.
Los trabajadores cuestionan además el fin de la defensa jurídica en casos de graves violaciones a los derechos humanos. A su juicio, eso reduce las herramientas para exigir justicia. También alertan sobre una centralización de la representación frente a abusos del Estado, con pérdida de presencia territorial.
El punto de la autonomía es otro foco de crítica. Los funcionarios sostienen que los cambios al Consejo Directivo reducirían su diversidad y pluralismo. Eso, según ellos, aumentaría la injerencia política del Gobierno en una institución que debe fiscalizarlo.
Las asociaciones reprocharon también que el texto se aleje de las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial. Esa instancia, de composición pluralista y transversal, formuló recomendaciones para fortalecer el INDH. Recalcaron que el instituto no debe estar al servicio del gobierno de turno.
¿Quién pierde? En primer lugar, los propios trabajadores, que arriesgan sus empleos. Sin embargo, ellos plantean que el costo mayor recaería en las personas de regiones que hoy acuden a las sedes del instituto ante abusos del Estado.
La nota de BioBioChile no recoge una respuesta del Ejecutivo a los planteamientos de los funcionarios. Tampoco detalla el monto del recorte presupuestario ni el número exacto de abogados afectados.
La Asociación de Funcionarias y Funcionarios del INDH y la Asociación Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos llamaron al Congreso Nacional a rechazar la iniciativa. "Nos movilizamos por un proyecto que deja en indefensión y desprotección a Chile", cerraron en su declaración.
