De los 12 contratos de la Estrategia Nacional del Litio destinados a empresas privadas, solo uno está listo, según La Tercera: el de la Planta El Águila, de Quiborax. Además, el Ministerio de Minería reingresó tres procesos a Contraloría y sumará otros dos en las próximas semanas.
El diario basó su reporte en un informe anual de 65 páginas. A inicios de octubre, la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados recibió ese documento. Lo envió el Comité de Ministros para el Litio y los Salares, que integran, entre otros, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el ministro de Minería, Daniel Mas. El informe recoge datos hasta agosto.
Para entender el cuadro hay que mirar atrás. Desde 1979, el litio no es concesible en Chile. Solo pueden explotarlo quienes tenían pertenencias litíferas antes de ese año, como Corfo en el salar de Atacama, que arrienda a Novandino Litio y Albemarle. Hoy existen otras dos vías: las concesiones administrativas y los Contratos Especiales de Operación de Litio (Ceol).
La estrategia identificó 14 Ceoles. Dos corresponden a asociaciones público-privadas. Codelco eligió a la anglo-australiana Rio Tinto para el proyecto Maricunga, con un compromiso de inversión de US$ 900 millones. Enami escogió a la misma empresa para Altoandinos, con US$ 3.000 millones.
Maricunga obtuvo todos sus permisos en febrero, aunque Codelco ya tenía ese Ceol aprobado desde octubre de 2017. Lo nuevo fue una modificación con nuevos plazos y aportes a las comunidades. Según el informe, Minería redactó un borrador que debe recibir un informe favorable de Cochilco, la Comisión Chilena del Cobre, como exige la ley.
Altoandinos, que abarca los salares Aguilar, Los Infieles, Grande y La Isla, tiene todos sus permisos. Se prevé que comience a producir entre 2032 y 2034, con 75 mil toneladas anuales de carbonato de litio equivalente.
Los 12 contratos con privados siguen tres métodos: trato directo con proceso simplificado (seis territorios), trato directo sin proceso simplificado (dos) y licitación (cuatro). Contraloría frenó varios de ellos.
Los tres contratos reingresados corresponden al proceso simplificado. Son los de Ascotán (Codelco y Quiborax), Ollagüe (Wealth Minerals) y Laguna Verde (Clean Tech Lithium). Según fuentes de Minería citadas por el diario, Quillagua Norte y Quillagua Este volverán a ingresar en las próximas semanas.
Esos dos últimos, ligados a Llamara Group y Quillagua Minerals, recibieron reparos el 4 de mayo. Contraloría, que encabeza Dorothy Pérez, cuestionó la capacidad de las empresas para financiar los proyectos. También objetó que se dedicaran a la exploración minera y no a ejecutar proyectos. Sobre la selección directa, el organismo dijo que "no se expresan los motivos que justificarían tal selección".
El salar de Coipasa sigue atrás. Su trámite no llegó a Contraloría porque espera la consulta indígena, que debía terminar en el segundo semestre de 2025, antes del fin del gobierno de Gabriel Boric. Es el único salar en esa etapa. Detrás está el Consorcio Caliche Kairos, del Grupo Errázuriz y Lithium Chile.
Otros cuatro Ceoles pasaron a licitación después de que fracasara el proceso simplificado: Agua Amarga, Piedra Parada, Quillagua Sur e Hilaricos. Los contratos ingresaron en marzo. Entre abril y mayo, Contraloría devolvió todos menos el de Quillagua Sur. La fuente no detalla el estado de los dos territorios de trato directo sin proceso simplificado.
El próximo paso inmediato es el reingreso de los contratos de Quillagua Norte y Este a Contraloría, previsto para las próximas semanas según Minería.
