Tres concejales de Chillán, capital de la región de Ñuble, pidieron al Tribunal Electoral Regional (TER) de Ñuble destituir al alcalde Camilo Benavente, según BioBioChile. Lo acusan de notable abandono de deberes y de faltas graves a la probidad administrativa.
Carolina Chávez, Raúl Franulic e Iván Badilla ingresaron la acción el martes 13 de octubre, con el patrocinio del abogado Marcelo Brunet. El escrito contiene 41 cargos por eventuales irregularidades administrativas, incumplimiento de instrucciones de la Contraloría y posibles perjuicios al patrimonio municipal.
Si el tribunal acoge la presentación, los concejales piden que Benavente sea removido del cargo e inhabilitado por cinco años para ejercer funciones públicas.
Uno de los cargos apunta a la dirección de Educación Municipal. Según los requirentes, el puesto estuvo cuatro años y medio sin concurso público, pese a las instrucciones que habría dado la Contraloría para regularizarlo. También cuestionan sanciones disciplinarias internas, porque a su juicio se aplicaron criterios distintos a funcionarios en situaciones comparables.
En lo financiero, el requerimiento menciona cerca de $1.598 millones ligados a la cobranza de patentes comerciales y unos $1.764 millones en cuentas por cobrar por recuperación de licencias médicas. Suma más de $2.594 millones asociados al cierre contable del antiguo Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM). Esos montos son partidas cuestionadas y no constituyen, por sí solos, pérdidas acreditadas ni recursos sustraídos.
Los concejales agregan reparos sobre auditorías externas, calificaciones del personal, contratos de áreas verdes, recolección de residuos domiciliarios y ejecución de obras públicas. La nota no recoge, por ahora, una respuesta del alcalde ni del municipio.
El requerimiento coincide con la investigación penal contra Benavente por presunto fraude al fisco en la compra del terreno de la exmedialuna de Chillán, concretada en 2021. El Ministerio Público investiga un eventual sobreprecio y estima un posible perjuicio fiscal de $1.276 millones.
Son dos procesos separados. El del TER busca establecer responsabilidades en el ámbito electoral y administrativo; la causa de la Fiscalía es penal. Ni la presentación implica por sí misma la destitución ni una formalización equivale a una condena.
El TER de Ñuble deberá revisar los antecedentes y decidir si los hechos configuran las causales invocadas. Antes, el alcalde enfrenta su audiencia de formalización, fijada para este viernes 16 de octubre.
