El fiscal nacional, Ángel Valencia, la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, y la contralora general, Dorothy Pérez, almorzaron esta jornada en el restaurante Singular, según ADN Radio. El motivo fue su preocupación común por el proyecto de Presupuesto 2027.
ADN Radio cita a Mega Investiga. Según ese medio, las tres autoridades comparten reparos a las restricciones propuestas para administrar recursos públicos. También les inquietan sus posibles efectos en la autonomía de cada institución.
En el Ministerio Público, Valencia cuestionó las facultades que el proyecto entregaría a la Dirección de Presupuestos (Dipres), el organismo de Hacienda que controla el gasto fiscal. La Dipres podría autorizar modificaciones y supervisar decisiones administrativas de la Fiscalía.
La Fiscalía advierte que esas condiciones reducirían su flexibilidad operativa. Según el reporte, también podrían afectar a equipos especializados, como los de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).
El caso del Servel parte de una cifra. El proyecto contemplaba una rebaja inicial cercana a los $4.000 millones, alrededor del 12% de los recursos solicitados. La subcomisión rechazó ese recorte. Sin embargo, el organismo alertó sobre su impacto en la preparación de las elecciones de 2028 y 2029, incluida la transmisión de resultados y la capacitación de personal.
La Contraloría tendría un presupuesto cercano a los $130.960 millones, con un aumento de 5,9%. El problema está en las glosas, es decir, las condiciones de uso que acompañan cada partida. Estas obligarían al organismo a pedir autorización al ministro de Hacienda para reasignar recursos.
Esa exigencia alcanzaría incluso a los traslados de fiscalizadores que inspeccionan servicios públicos. La duda es evidente: la Contraloría fiscaliza los actos de la Administración, incluidas las reparticiones que dependen de Hacienda. Tendría que pedir permiso al ministerio que también controla.
El dilema de fondo es cómo compatibilizar el control del gasto público con la autonomía institucional. Las tres autoridades advierten que las exigencias presupuestarias podrían condicionar decisiones necesarias para cumplir sus funciones. La nota no detalla una respuesta de Hacienda ni de la Dipres.
Quién gana y quién pierde es claro en el papel. Hacienda busca más control sobre el gasto. Los organismos autónomos, que persiguen delitos, organizan elecciones y fiscalizan al Estado, perderían margen de decisión. Para el ciudadano común, el riesgo apunta a la persecución penal, los procesos electorales y el control de la administración pública.
Al cierre de la nota de ADN Radio, el proyecto de Presupuesto 2027 seguía en discusión en el Congreso. Las glosas cuestionadas todavía pueden cambiar durante su tramitación.
