El Gobierno entregó este jueves a los gremios de camioneros un paquete de siete pilares para enfrentar el alza del diésel, según Emol. La propuesta deja fuera la petición central del sector: que la ley obligue a traspasar el mayor costo del combustible a las tarifas de los fletes.
A la reunión asistieron tres subsecretarios: Karlfranz Koehler, de Economía; Sebastián Vallebona, de Hacienda, y Nicolás Balmaceda, de Obras Públicas. Al frente estaban dirigentes de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) y de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC).
El documento del Ejecutivo plantea una "campaña activa" dirigida a transportistas cuyos contratos carecen de una fórmula de reajuste. Ellos podrán apoyarse en un indicador oficial para corregir su tarifa. Sin embargo, el texto aclara que la medida "no establece un recargo obligatorio por ley".
Ese recargo era una de las dos exigencias "indeclinables" que ambas confederaciones llevaron a Koehler el 30 de septiembre. La segunda busca corregir una distorsión tributaria en el componente variable del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), el sistema que amortigua las variaciones del precio de la bencina y el diésel.
Juan Araya, presidente de la CNDC, había insistido en el punto horas antes del encuentro. "Lo que queremos nosotros es que cuando el petróleo suba, suba la tarifa. Lo demás es tirar la pelota", dijo a Emol.
El primer pilar es un Indicador Diésel Especial, de publicación mensual, elaborado con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). La minuta lo describe como estable y fácil de incluir en los contratos. Lo acompaña una calculadora del Índice de Costos del Transporte (ICT), donde cada camionero ingresa sus propios costos y obtiene un reajuste a su medida. La difusión, en conjunto con los gremios y en regiones, sigue en diseño.
El tercer pilar es el Fogain Transporte, anunciado el miércoles. La garantía estatal de estos créditos para pymes del sector llega a entre 90% y 95%, contra el 50% a 80% del Fogape general. Suma el doble de plazo, seis meses de gracia y tasas de 8% a 9%, cuando lo habitual va de 12% a 14%. Según la simulación oficial, la cuota mensual cae 41%: una microempresa pasaría de pagar $410 mil a $242 mil.
En impuestos, Hacienda llevó indicaciones al proyecto que modifica la Ley N° 20.765, hoy en segundo trámite. El cambio permitirá acumular el impuesto específico negativo y descontarlo de los débitos cuando vuelva a ser positivo. El Gobierno sostiene que así bajará la carga tributaria de los transportistas.
Sobre descanso en ruta, Vialidad cuenta hoy con 165 zonas de estacionamiento y existen otras 41 concesionadas. Hay cinco nuevas en obra en la Ruta 5 y diez más programadas entre 2027 y 2030.
En pesaje, el Ejecutivo propone que la multa por sobrepeso recaiga en la empresa generadora y en el dueño de la carga, "no el conductor ni el dueño del camión". La indicación apunta al proyecto del Boletín N° 8.654-15, en segundo trámite en el Senado. También incorpora control de camiones extranjeros en frontera y pesaje en movimiento, que se prueba en la Ruta 68.
El último pilar descansa en la Ley N° 21.750. Esa norma exige a las nuevas concesiones cámaras, lectores de patentes e iluminación, además de acceso policial a datos de tránsito en tiempo real. Los contratos vigentes tendrán plazo hasta julio de 2030 para adaptarse.
¿Quién gana? Las pymes del rubro obtienen crédito más barato y alivio tributario. Pero los dueños de camiones no consiguen la garantía legal que pedían para cobrar el alza a sus clientes, que conservan su poder de negociación.
La amenaza de paro sigue sobre la mesa. El martes, tras reunirse con el Presidente José Antonio Kast, el líder de la CNTC, Sergio Pérez, advirtió que "son nuestras bases las que definen cuál es el camino a seguir". La calculadora del ICT empezará a funcionar el viernes 23 de octubre, un día después de la próxima alza de combustibles prevista.
