El gobierno evalúa presentar un proyecto de ley que impida en la práctica la reducción de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad, según Emol. La iniciativa surge después de que el Ejecutivo firmara 56 rebajas de condena a condenados por este tipo de delitos.
La firma de esos decretos generó conmoción. El gobierno sostiene que no actuó con discrecionalidad y que se limitó a cumplir sentencias de la Corte Suprema.
"Usted tiene que cumplir la sentencia judicial a través de un acto administrativo, pero es la Corte Suprema la que estableció que las personas a quienes ese beneficio se les otorgaba antes del año 2022 eran merecedoras de ellos", dijo el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
El gobierno anterior sí litigó la entrega del beneficio. Según voces de Palacio citadas por Emol, la actual administración optó por no hacerlo para no saturar a los tribunales y para no negar un derecho que la Corte ya había concedido, uno que el condenado "tenía y que lo iba a tener igual".
La Moneda le transmitió una advertencia a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que también impulsa una iniciativa sobre el tema. Núñez llegó este jueves a primera hora a Palacio para un saludo protocolar con el nuevo subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas.
La advertencia es jurídica. Cualquier proyecto debe respetar el principio de irretroactividad de la ley penal, consagrado en el artículo 19 de la Constitución. Si no lo hace, el Tribunal Constitucional podría objetarlo en su examen.
Sobre el proyecto de los parlamentarios, el Ejecutivo dice que aún no lo conoce. Cuando esté disponible, evaluará si lo patrocina, si lo fusiona con su propia propuesta o si presenta una indicación.
Núñez defendió su moción en La Moneda. "Estos condenados no pueden tener un beneficio y ahí ingresamos un proyecto firmado de manera transversal", afirmó. Agregó que lo conversó con el vocero y que sabe que el ministro de Justicia también revisa el tema.
La senadora comparó el caso con un cambio legal anterior. "Así como se avanzó en su minuto en una imprescriptibilidad de los delitos sexuales, obviamente que para los condenados de este tipo de delitos no puede haber ningún beneficio", dijo.
La polémica alcanzó al discurso del gobierno sobre infancia. La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, rechazó una contradicción. "Este gobierno trabaja por la protección de la infancia, y así lo ha hecho desde el primer día", sostuvo en la vocería del comité social.
Wulf repitió que el gobierno cumple la ley, aunque dijo que está disponible para evaluar mejoras legislativas. Emol no informa plazos ni el contenido específico del proyecto que estudia el Ejecutivo sobre rebajas de condena.
La ministra anunció que el gobierno presentará este viernes un proyecto del Plan Chile Cuida a los Niños contra la explotación sexual en residencias. La iniciativa dará atribuciones a los municipios para proteger a niñas de residencias de protección especializada expuestas a mafias organizadas.
