El exministro de Justicia Luis Cordero cuestionó la interpretación jurídica que aplicó su sucesor, Fernando Rabat, en las rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, según Emol. Cordero hizo sus declaraciones en el programa Estado Nacional.
Para el exsecretario de Estado del gobierno de Gabriel Boric, la ley aprobada en febrero de 2022 tenía un propósito claro: excluir a esos condenados del beneficio. Según Cordero, la norma formó parte de una agenda transversal sobre infancia y su propio nombre establecía esa exclusión.
"¿A qué debe ser leal en la aplicación de la ley una autoridad? Al texto y al propósito del Congreso", afirmó. Sostuvo además que el beneficio debe evaluarse según los requisitos vigentes al momento de postular, no según la fecha en que se cometió el delito.
Cordero fue directo con Rabat. "Esa interpretación jurídica, por las razones que ha expuesto, no se compadece con el texto de la ley", dijo. Reconoció que existen debates jurídicos y que los tribunales resuelven caso a caso. Sin embargo, separó ambos planos: una cosa es lo que se discute en tribunales y otra el deber de la autoridad al aplicar la norma.
El exministro amplió el foco. A su juicio, la polémica muestra un problema mayor en la ejecución de penas y el acceso a beneficios penitenciarios. Por eso defendió avanzar en el proyecto de ley de ejecución de penas, que ya aprobó la Cámara de Diputados y hoy está en el Senado. "No hace falta una nueva ley", señaló.
Esa postura choca con la respuesta del Gobierno. Rabat descartó renunciar, anunció un proyecto para excluir de este beneficio a los violadores de menores y atribuyó el vacío legal a gobiernos anteriores. También admitió que lo más probable es que los beneficiados ya estén libres. Cordero pidió no legislar para un caso específico, porque eso podría tener efectos en otros beneficios penitenciarios.
También criticó que el Ejecutivo impulse nuevos cambios legales mientras posterga la entrada en vigencia de la Defensoría de las Víctimas, organismo creado para representar a quienes han sufrido delitos.
Sobre una eventual acusación constitucional de la oposición contra Rabat, Cordero tomó distancia. "Soy muy crítico del uso de las acusaciones constitucionales como un medio de derribar a un adversario político", dijo, y recordó que la administración de Boric fue víctima de un "uso abusivo" de esa herramienta. Aun así, mencionó que una de las causales es dejar sin ejecución la ley, y pidió al Gobierno reconocer errores propios en lugar de culpar a terceros.
El ángulo sobre el exministro José Antonio Gómez no aparece en la información disponible, por lo que esta nota no lo aborda.
Por último, Cordero advirtió que suspender indefinidamente la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condena constituye "una exposición de riesgo innecesaria para el ministro".
