El Senado aprobó este martes el informe de la comisión mixta del proyecto que modifica el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros. Con eso, la iniciativa quedó despachada a ley. La votación terminó con 37 votos a favor, ninguno en contra y una abstención, la de la senadora Claudia Pascual (PC).
Según informó Emol, la propuesta modifica la Ley de Migración y Extranjería. El Gobierno la impulsó dentro de su agenda de seguridad, de acuerdo con Cooperativa. La comisión mixta, instancia que resuelve diferencias entre la Cámara y el Senado, acordó su texto por unanimidad.
El cambio más visible apunta a ubicar y detener a extranjeros con órdenes de expulsión vigentes. La Policía de Investigaciones (PDI) podrá pedir por escrito a un juez de garantía autorización para entrar al domicilio donde esté la persona. El magistrado tendrá 24 horas para resolver, según detalló CNN Chile.
Ese ingreso tendrá un único fin: detener a quien tenga una orden de expulsión firme y ejecutoriada, es decir, sin recursos pendientes.
El Servicio Nacional de Migraciones también podrá pedir información a particulares, empresas y funcionarios públicos para ubicar a personas en situación irregular. Sin embargo, la ley prohíbe obtener datos desde establecimientos de salud, recintos educacionales o sobre menores de edad.
La norma reduce de diez a cinco días el plazo para presentar una reclamación. Además, el recurso judicial dejará de suspender automáticamente la expulsión. En la práctica, reclamar ya no bastará por sí solo para frenar el procedimiento.
El texto eleva de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de reingreso a Chile. También suma como causal de expulsión las graves afectaciones al orden público y establece que las órdenes seguirán vigentes hasta su ejecución.
Otras herramientas incluyen el registro biométrico obligatorio para infractores mayores de edad, las notificaciones electrónicas y tácitas, y la retención de documentos de viaje. La ley además permite la expulsión inmediata de extranjeros irregulares que enfrenten ciertos procesos penales, siempre con autorización del tribunal competente.
El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, calificó el proyecto como "muy, muy trascendente". Explicó que buscaba resolver dificultades que impedían cumplir las resoluciones de expulsión y que el actual Ejecutivo lo mejoró durante su tramitación.
El senador Andrés Longton (RN) valoró que la ley permita entrar a domicilios cuando migrantes irregulares se esconden o evaden a la Justicia. Pidió que los tribunales la apliquen y no se sujeten a recursos de amparo, según consignó Cooperativa.
La única voz disidente en la votación fue la abstención de Pascual. Las fuentes no detallan sus argumentos ni otras críticas de organizaciones de migrantes.
García Ruminot anunció que la ley se promulgará en los próximos días. En paralelo, el Senado sigue analizando la insistencia del Gobierno en otra reforma, rechazada en la Cámara, que extiende el período de detención de migrantes irregulares con fines de expulsión.
