El exministro de Justicia Jaime Gajardo rechazó este domingo el uso del indulto presidencial para condenados por crímenes de lesa humanidad, incluso por razones de salud, según CNN Chile. Planteó que la vía adecuada es que la Corte resuelva casos muy concretos de enfermedad grave.
Gajardo habló en el programa Estado Nacional, de 24 Horas, en el aniversario del estallido social del 18 de octubre de 2019. El debate sobre beneficios a reclusos enfermos volvió a la agenda en esa fecha.
Consultado por los dichos de la exministra del Interior Carolina Tohá, evitó confrontarla. "Yo no voy a polemizar con ellos", dijo, y agregó que cada persona tiene sus razones para pensar como piensa. La fuente no detalla qué dijo Tohá.
El exministro recordó los tratados internacionales que Chile ha suscrito. Según él, el país tiene obligaciones de buscar la verdad, hacer justicia y condenar estos crímenes, que calificó como los más graves de la legislación nacional e internacional.
Gajardo distinguió entre dos herramientas. El indulto es el perdón que otorga el jefe de Estado. La vía judicial permite revisar situaciones humanitarias de reclusos con riesgo de salud o enfermedad terminal.
Sobre la primera, fue tajante. Indultar a un criminal de lesa humanidad, sostuvo, envía a la sociedad una señal "muy fuerte", que en términos éticos y jurídicos no debería ocurrir.
Sobre la segunda, explicó que todas las personas tienen abierta esa vía ante los tribunales, para enfermedades "claras y evidentes". Insistió en que bajo ninguna circunstancia corresponde un indulto, ni por lesa humanidad ni por terrorismo.
El exministro también se refirió a las peticiones de indulto para carabineros condenados por delitos cometidos durante las manifestaciones del 18-O. Ahí invocó la igualdad ante la ley.
"Aquellos funcionarios que fueron condenados porque cometieron un delito, se apartaron de sus funciones", afirmó. Por eso, a su juicio, lo que corresponde en un Estado de derecho es que cumplan sus condenas.
La discusión llega en una fecha sensible. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó que, de más de 12 mil denuncias por violencia institucional en el estallido, solo 219 terminaron en condena, según datos de la Fiscalía.
