El fiscal nacional Ángel Valencia y un grupo de fiscales regionales se reunieron este viernes en La Moneda con el vicepresidente Claudio Alvarado. El tema fue el proyecto de Ley de Presupuestos 2027 y las glosas que, según la Fiscalía, amenazan su autonomía.
De acuerdo con CNN Chile, la inquietud apunta a dos unidades creadas hace poco: el Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y la Fiscalía Supraterritorial. Esta última empezó a operar en abril y persigue a bandas criminales que actúan en más de una región.
Al llegar al palacio, Valencia reconoció que "no se nos otorgaron todos los recursos que solicitamos para seguridad fiscal". Agregó que la seguridad de fiscales, funcionarios y público que acude a sus oficinas es una de sus mayores prioridades.
El problema de fondo es técnico, pero tiene peso institucional. El Ejecutivo dejó a la Fiscalía Supraterritorial en una glosa separada del resto del Ministerio Público. Eso podría limitar los traspasos de fondos entre sus distintas reparticiones.
Según la explicación de CNN Chile, esos movimientos de dinero tendrían que pasar por la autorización de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el organismo del Ministerio de Hacienda que administra el gasto público. Para el ECOH, el proyecto incluyó normas de visación e información sobre sus equipos, la ejecución presupuestaria y las actividades que quiera desarrollar.
La Fiscalía no se opone a rendir cuentas sobre cómo gasta. Sin embargo, le preocupa entregar información que pueda comprometer su independencia. "El cuánto gastamos depende del Ejecutivo, pero el cómo gastamos esos fondos (...) es nuestra atribución", dijo Valencia. Advirtió que otra fórmula expone a un órgano autónomo al riesgo de ser "pauteado" mediante la autorización o restricción del gasto.
Según T13, Valencia también pidió más recursos para dos compromisos ya vigentes. Uno es la Ley de Fortalecimiento, que aumenta el número de fiscales en todo el país. El otro es el segundo año de funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial.
El fiscal sostuvo que la propuesta de Hacienda considera montos menores a los aprobados antes por el Congreso. A su juicio, eso afecta el trabajo diario de fiscales y funcionarios, y también la seguridad pública. Las fuentes no detallan cuánto dinero falta.
Valencia aclaró que no habló solo por la Fiscalía. Lo hizo también por encargo de la contralora general, Dorothy Pérez, y de la directora del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa. Los tres organismos tienen autonomía constitucional.
Según el fiscal, las glosas en discusión "derechamente no son compatibles con nuestro ordenamiento constitucional" en la relación entre Hacienda y la Dipres con el Ministerio Público, el Servel y la Contraloría. Lo definió como "un asunto de Estado".
En ese contexto, quien gana y quien pierde se juega en la tramitación. Hacienda busca controlar el gasto en un presupuesto con ajuste fiscal. Los organismos autónomos defienden decidir por sí mismos dónde ponen sus recursos.
Valencia describió el diálogo con Alvarado como "franco" y "fluido". Según T13, la reunión terminó con el compromiso de buscar una solución, mientras el proyecto sigue su discusión en el Congreso.
