El Presidente José Antonio Kast usó este viernes una reunión con los partidos oficialistas en La Moneda para respaldar al ministro de Justicia, Fernando Rabat. Según La Tercera, la cita estaba pensada para revisar las prioridades del Ejecutivo, pero terminó dominada por la polémica por las rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.
De acuerdo con ese medio, la principal preocupación del mandatario fue despejar las dudas sobre la continuidad de Rabat. La oposición ha amenazado con presentar una acusación constitucional contra el ministro. Kast, sin embargo, le transmitió su apoyo y lo considera bien evaluado.
La reunión también adelantó una decisión que el Ministerio de Justicia comunicó minutos después. La cartera suspendió la tramitación de los decretos de rebaja que aún pueden detenerse, mientras avanza una modificación legal.
El origen del conflicto está en la ley vigente desde febrero de 2022. Esa norma excluye de este beneficio a los condenados por ciertos delitos sexuales contra menores. Bajo la gestión de Rabat, Justicia concedió rebajas a personas sentenciadas antes de esa fecha.
El ministerio justificó el cambio en fallos de la Corte Suprema. Ese tribunal había acogido recursos de amparo, es decir, acciones judiciales para proteger la libertad, de condenados a quienes se les había negado el beneficio. El gobierno de Gabriel Boric seguía otro criterio: rechazaba las solicitudes y dejaba que los casos llegaran a tribunales.
Según La Tercera, en el oficialismo reconocen que el nivel central del gobierno no anticipó la crisis. En Justicia se trataba como un trámite administrativo habitual, porque a diario llegan solicitudes de beneficios penitenciarios. Por eso la decisión no se elevó a La Moneda. El propio Rabat dijo en Mega que el Presidente no conocía las resoluciones antes de que se dictaran.
El ministro defendió su criterio el jueves en Mega y Tele13 Radio, y el viernes en Radio Duna. Insistió en que se apoyó en la jurisprudencia de la Corte Suprema y en que el problema que dejó abierto la normativa debe corregirse con una ley.
En Duna le preguntaron si es posible anular los beneficios ya otorgados. No lo descartó, pero tampoco aseguró que fuera viable. "Hay que analizarlo debidamente", respondió.
Parlamentarios oficialistas han hecho en privado la misma consulta a abogados del gobierno. La respuesta preliminar es que revertir los decretos es una vía compleja. Los expertos revisan antecedentes y posibles fórmulas legales, aunque en la reunión del viernes nadie tenía claro si existe una alternativa efectiva.
En paralelo, La Moneda repartió minutas para ordenar el discurso de sus filas. El mensaje enviado a los parlamentarios dice que el Ejecutivo detectó un problema legal que el gobierno anterior no quiso resolver, y que lo corregirá con un proyecto de ley. Esa línea no apaga las críticas por haber cambiado el criterio anterior.
Tras la cita, el diputado Squella defendió al ministro. Según él, un político con más años de carrera habría preferido "lavarse las manos" y esperar que un tribunal lo obligara. Calificó como "absurdo" acusar constitucionalmente a Rabat. El próximo paso del gobierno será presentar el proyecto de ley comprometido, cuya fecha de ingreso al Congreso aún no se conoce.
