El Ministerio de Justicia suspendió temporalmente la tramitación de los decretos de rebaja de condena, según La Tercera. La decisión llega después de que el ministro Fernando Rabat redujera las penas de 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. Ningún otro medio ha confirmado la información.
De acuerdo con lo que publicó La Tercera, la cartera tomó la determinación tras analizar la normativa vigente. Fuentes del ministerio citadas por ese medio dijeron que detectaron un vacío legal en la aplicación de ciertas restricciones que rigen desde 2022. La nota no detalla cuáles son esas restricciones.
Las rebajas de condena son beneficios que el Ministerio de Justicia otorga por decreto a personas que cumplen penas de cárcel. En este caso, Rabat aplicó un criterio distinto al de los gobiernos anteriores. Esa diferencia desató la crisis.
El ministro defendió su decisión el viernes en Radio Duna. "Existiendo normas constitucionales que obligan a aplicar la norma, a aplicar la ley de manera inmediata, era lo que nos correspondía dictar esas resoluciones", sostuvo. También afirmó que su postura seguía la jurisprudencia "muy mayoritaria".
La suspensión forma parte de un paquete más amplio. Rabat anunció una agenda legislativa que, según La Tercera, ya conversó con distintos parlamentarios. Incluye un proyecto de ley para modificar los requisitos de acceso a las rebajas de condena, además de indicaciones e iniciativas para restringir estos beneficios.
El jueves, en Tele13 Radio, el ministro apuntó a la Corte Suprema. Dijo que no dejará que el tema vuelva a revisarse por la vía del amparo, el recurso judicial que protege la libertad personal. "Vamos a iniciar la tramitación de proyectos legales con suma urgencia", afirmó.
Los reproches llegaron desde la oposición y desde parte del oficialismo. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, pidió la renuncia de Rabat y exigió anular los decretos. La vicepresidenta de la Cámara, Paulina Ossandón, pidió al presidente José Antonio Kast usar sus facultades y defendió una reforma constitucional impulsada por Renovación Nacional (RN).
El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, también cuestionó al gobierno. Sostuvo que ni la Constitución ni la Corte Suprema obligaban al ministerio a rebajar las penas. Rabat, por su parte, descartó que exista base para una acusación constitucional en su contra.
El próximo paso depende del Congreso. El ministro espera que sus proyectos tengan discusión inmediata, la urgencia legislativa que obliga a despacharlos en el plazo más corto. Por ahora, el destino de los 56 decretos ya dictados sigue sin aclararse.
