El gobierno ingresó este lunes al Senado un paquete de indicaciones al proyecto que regula los casinos y apuestas en línea, según Diario Financiero. El texto prohíbe la publicidad de estas plataformas, cobra licencias de 1.000 UTM anuales y agrega un impuesto de 3% sobre el IVA.
El documento tiene 114 páginas. Lo firmaron el presidente José Antonio Kast y los ministros Jorge Quiroz, Daniel Mas, May Chomalí, Fernando Rabat y Claudio Alvarado. Se entregó a la Comisión de Economía del Senado y retira todas las indicaciones presentadas hasta ahora.
El proyecto entró al Congreso en 2022 y está en su segundo trámite constitucional, es decir, ya pasó por la Cámara de Diputados y ahora lo revisa el Senado. El Ejecutivo quiere rebautizarlo como "Proyecto de ley de regulación de las apuestas en línea, protección de la infancia y prevención de la ludopatía".
Si apuestas en línea, el cambio más visible estaría en tu cuenta. Según el texto, toda cuenta nueva partiría con una configuración de juego seguro por defecto, con un límite de abonos por período y un límite de tiempo de conexión por sesión y por día. Piénsalo como un control parental que viene activado de fábrica.
Las plataformas tampoco podrían ofrecer bonos, promociones ni otros beneficios en dinero distintos de los premios para captar o retener usuarios. La prohibición rige aunque no haya publicidad de por medio.
En seguridad, las indicaciones exigen autenticación reforzada, que podría incluir verificación biométrica, como la huella o el reconocimiento facial. También crean un registro de personas excluidas, donde quedarían los privados de libertad, los inscritos en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y quienes se autoexcluyan.
Deportistas, cuerpos técnicos, directivos de organizaciones deportivas profesionales y accionistas no podrían apostar en la disciplina en que participan. Las reglas de detalle quedarían en un Reglamento de Juego Responsable que dictaría el Ministerio de Hacienda, suscrito también por los ministerios de Salud y de Desarrollo Social, y que se revisaría cada cuatro años.
La publicidad quedaría prohibida para plataformas con y sin licencia. La sanción alcanzaría a quien encarga el aviso, a quien lo diseña, a quien lo difunde, a quien intermedia y a quien lo protagoniza. Los contratos vigentes con plataformas que tengan licencia transitoria podrían seguir hasta un año, pero solo fuera del horario de protección de menores.
En lo económico, las licencias durarían cinco años. Las plataformas pagarían IVA de 19% sobre la diferencia mensual entre lo apostado y los premios pagados, más un impuesto adicional de 3%. En simple: el tributo se calcula sobre lo que el casino se queda, no sobre todo lo que entra.
Las empresas que operaron en Chile sin licencia en los 12 meses previos a postular quedarían fuera. Entre las señales para detectarlas figuran usar un dominio .cl, pagar auspicios en Chile o tener contratos con medios de pago chilenos.
Hay una excepción. Los operadores podrían acogerse a un régimen transitorio si pagan un "derecho habilitante" de 3.000 UTM y están al día con el IVA digital. Además, quienes hayan tenido operaciones afectas a ese impuesto deberían declarar los 36 meses anteriores. Con el pago completo se extinguirían sus responsabilidades civiles, penales o administrativas de tipo tributario.
Los casinos físicos también ganarían terreno. Podrían ofrecer apuestas de plataformas en línea dentro de sus salas, mediante servicios acordados con un operador online con licencia.
Las indicaciones crean además un Fondo de Prevención y Tratamiento de la Ludopatía, a cargo de los ministerios de Salud y de Desarrollo Social. Ahora la Comisión de Economía del Senado deberá votar los cambios. Diario Financiero no informó un calendario para esa votación.
