La sesión de la comisión de Educación del Senado, celebrada este miércoles por la tarde, terminó sin la votación esperada luego de un cruce intenso entre parlamentarios y los ministros invitados, por lo que los secretarios de Estado no pudieron exponer con normalidad los avances del texto.
En la sala estuvieron presentes Gabriel Boric, presidente de Chile; Nicolás Cataldo, ministro de Educación; Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo; y Macarena Lobos, ministra de la Secretaría General de la Presidencia. La discusión derivó en que la comisión acordara solicitar a la Sala del Senado un plazo máximo para presentar indicaciones hasta el 30 de marzo, medida que deja la iniciativa en tramitación y fuera del despacho antes del traspaso del gobierno el 11 de marzo.
La tensión marcó la jornada. Macarena Lobos defendió el trabajo del Ejecutivo y dijo que se han alcanzado avances con distintos actores, bajo la consigna de construir una base sólida para avanzar en el proyecto. “El Ejecutivo ha trabajado arduamente y con distintos actores para construir una base sólida sobre la cual poder avanzar en este proyecto”, afirmó la ministra. En respuesta, Gustavo Sanhueza, senador de la Unión Demócrata Independiente y presidente de la comisión, exigió precisión sobre con quiénes se habrían alcanzado esos acuerdos y objetó que varios integrantes no fueron consultados. “Si va a decir que hubo acuerdo, diga con quién, por favor”, reclamó Sanhueza.
El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, puso el foco en los nudos por resolver, especialmente en materia de financiamiento y en el estándar educativo que deberá acompañar a la política de atención de primera infancia. Boccardo señaló que espera que la prioridad declarada por el Ejecutivo se traduzca en continuidad del debate y no en abandono del tema por la cercanía del cambio de mando.
El proyecto de sala cuna universal forma parte, junto al proyecto de Financiamiento a la Educación Superior, abreviado FES, de los compromisos estructurales del gobierno. Varios sectores del oficialismo, incluido el Partido Socialista de Chile, habían dicho que era prácticamente imposible despachar ambas iniciativas en la última semana legislativa, lo que añadió presión política a la jornada y dejó en evidencia la complejidad del calendario de tramitación.
La falta de acuerdo en comisión y el plazo pedido a la Sala configuran un último tramo incierto para la iniciativa. Queda ahora en manos de la Sala del Senado definir si concede el plazo solicitado y cuáles serán las indicaciones que se presenten antes del 30 de marzo, un calendario que condiciona su posibilidad de convertirse en ley en este período y abre la puerta a que la discusión se prolongue en la próxima administración.
