El Gobierno retiró de la Contraloría General de la República el decreto N10 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que buscaba modificar el reglamento de la Ley Karin para establecer directrices sobre las investigaciones de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. El decreto buscaba ajustar el reglamento aprobado en 2024, bajo el mandata de la Administración de Gabriel Boric, antes de la implementación de la ley. El oficio fechado el 25 de marzo, y presentado por la Subsecretaría del Trabajo, señala la retirada del trámite de toma de razón de ese decreto.

La diputada Ana María Gazmuri del bloque Apruebo Dignidad, afirmó que la retirada ocurre justo antes de aplicar la Ley Karin y denunció que no se trata de un ajuste técnico, sino de debilitar la protección a las víctimas. El Gobierno retira de Contraloría el decreto que obligaba a investigar acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Justo antes de aplicar la Ley Karin, retroceden. No es ajuste técnico: es debilitar la protección a víctimas. Este desencuentro acentúa la discusión sobre qué tanto se fortalece o debilita el marco de protección en el primer año de implementación de la norma.

Desde la Administración de Gabriel Boric sostienen que las modificaciones, ingresadas días antes del cambio de mando, respondían al monitoreo del primer año de implementación de la Ley Karin y buscaban resguardar sus principios, especialmente la perspectiva de género y la no revictimización. El objetivo era resguardar los principios de la ley, especialmente la perspectiva de género y la no revictimización, explicó Ximena Valencia, exjefa de asesores del Ministerio del Trabajo, destacando que el volumen de denuncias podría haber tensionado los procedimientos institucionales y exigía ajustes prudentes.

Por su parte, el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, señaló que la ley sigue plenamente vigente y que no se está debilitando ninguna obligación. Según él, lo que se discute es revisar un decreto ingresado en los últimos días del gobierno anterior para asegurar un reglamento que acompañe la implementación de la norma en el nuevo marco político. En ese contexto, la oposición argumenta que cualquier cambio podría afectar derechos ya reconocidos, mientras el oficialismo insiste en que el proceso debe hacerse con cautela para no afectar derechos de denunciantes.

El episodio ilustra la tensión entre continuidades y cambios en la política de protección a víctimas, en un periodo de transición entre gobiernos. Para Chile, la Ley Karin representa un avance histórico en la protección de denunciantes y víctimas de acoso y violencia laboral, en un marco de derechos de género que ha sido central en reformas laborales y movimientos sociales de la última década. En ese marco, la definición de quién gana y quién pierde ante estas decisiones no es menor: ganan quienes fortalecen estándares de debido proceso y protección a las denunciantes; pierden, en la práctica, quienes ven retrasos o debilitamiento de mecanismos de control.