El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) como institución. La medida llegó pocas horas después de que la sudafricana Navanethem "Navi" Pillay, exjueza del tribunal, fuera anunciada como ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026.
Según informó La Tercera, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el organismo del Tesoro que administra las sanciones económicas, adoptó la decisión sin entregar más detalles. La CPI, con sede en La Haya, en Países Bajos, juzga a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Las sanciones vienen con cuatro exenciones. El Tesoro permitirá, hasta el 7 de abril de 2027, las transacciones necesarias para que la Corte siga operando: aportes de los Estados parte, salarios, seguros médicos, arriendos, impuestos, pensiones, servicios de telecomunicaciones y software, y la atención de las personas detenidas bajo su custodia.
El Departamento de Estado llamó a este período un "plazo de mantenimiento". Su objetivo es que los 125 Estados parte del Estatuto de Roma, el tratado que creó la CPI, muestren avances hacia soluciones diplomáticas y jurídicas que respondan a las preocupaciones de Washington. Si no ocurre, Estados Unidos advirtió que tomará medidas adicionales.
Hasta ahora, Washington había sancionado a personas. Ya son 17 los sancionados, entre ellos jueces, fiscales y la presidenta de la Corte, Tomoko Akane, castigada en agosto. Estados Unidos aplicó esas medidas como represalia por la investigación de la CPI a Israel por crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la decisión. "Estados Unidos nunca se unió a la Corte. No la necesitamos. Y no la queremos. El presidente Trump nunca permitirá que la CPI procese a estadounidenses", afirmó. Agregó que Washington mantiene la esperanza de una salida diplomática, pero amenazó con desmantelar el tribunal "ladrillo a ladrillo".
Rubio también presionó a los aliados de su país. Pidió que los Estados que forman parte de la CPI y "dependen de los militares estadounidenses para su defensa" frenen a la Corte.
La CPI respondió con dureza. Calificó la medida como "sin precedentes" porque afecta a toda la institución, y la describió como "un intento de obstruir el curso de la justicia" y "un ataque al Estado de derecho". Aseguró que no se dejará amedrentar y que seguirá actuando con independencia. "La historia juzgará este momento", sostuvo en un comunicado.
La coincidencia con el Nobel no pasó inadvertida. Pillay, quien fue magistrada de ese tribunal, recibió el principal reconocimiento mundial a la paz el mismo día en que la Corte quedó bajo sanciones de la mayor potencia militar del planeta. Las fuentes no informan de una reacción de la galardonada.
Para América Latina, la disputa toca directamente a la región. Chile ratificó el Estatuto de Roma en 2009, igual que la mayoría de los países sudamericanos, y queda entre los Estados parte a los que Washington exige una solución. Ese grupo tiene plazo hasta el 7 de abril de 2027 para responder antes de que expiren las exenciones del Tesoro.