El abogado penalista chileno Juan Carlos Manríquez resultó elegido este sábado como integrante del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Abogados de la Corte Penal Internacional (ICCBA, por su sigla en inglés), con sede en La Haya, Países Bajos. Es el primer chileno en llegar a esa instancia.
Según informó T13, Manríquez fue escogido junto a otros cinco juristas. El consejo tiene el mandato de gestionar las operaciones diarias de la asociación y llevar adelante su visión estratégica.
La ICCBA reúne a los abogados independientes y al personal de apoyo que representan a víctimas, acusados y otros actores ante la Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal que juzga crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad. De acuerdo con La Tercera, funciona además como foro de debate y es el único organismo representativo de los abogados reconocidos por la Corte.
"Para mí es una oportunidad para continuar sirviendo a mis colegas, al sistema internacional, para seguir desarrollando mi carrera", señaló Manríquez tras la elección. También agradeció el apoyo de colegas chilenos y extranjeros, y de autoridades diplomáticas, consulares y políticas.
Manríquez tiene 59 años y nació en Chillán en 1967. Estudió Derecho en la Universidad de Valparaíso, donde militó en el Partido Social Democracia de Chile, colectividad que se sumó a la Concertación. Según su propio relato, permaneció ahí hasta 1993.
En 1991 cofundó el estudio Manríquez, Benavides y Compañía junto a la abogada Sandra Benavides. Luego cursó un máster en Derecho en la California Western School of Law, en Estados Unidos. Fue decano de Derecho de la Universidad del Mar y ha litigado ante la CPI y la Corte Internacional de Justicia.
En Chile, su nombre aparece en causas de alta exposición. Hoy representa a Maureen Salinas, viuda del exteniente venezolano Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en Chile en 2024. También defiende a la senadora Karol Cariola (PC) en el caso Chinamart y formó parte de la defensa de la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo, condenada por fraude al fisco.
Su lista de clientes políticos es transversal. Defendió al exsenador Nelson Ávila, a la exdiputada Laura Soto, desaforada en 2007 y absuelta después, y a Marco Enríquez-Ominami en una arista del caso SQM. En abril de 2024, la Fiscalía decidió no perseverar en esa investigación. La Tercera suma entre sus representados al exalcalde de Recoleta Daniel Jadue y a Karina Oliva.
La elección lo encontró en La Haya. Desde ahí sigue el caso Venezuela I ante la CPI, que indaga presuntos crímenes de lesa humanidad en ese país. Además, anunció que presentará antecedentes sobre delitos contra abogados nicaragüenses atribuidos al régimen de Daniel Ortega.
