Con votos divididos y en medio de un debate que combinó política y técnica fiscal, el sector público chileno quedó un paso más cerca de obtener la mayor autorización de endeudamiento de los últimos años. La comisión de Hacienda del Senado aprobó este miércoles, en general y en particular, el proyecto que incrementa en US$ 6.200 millones el techo de deuda para el sector público en 2026.

Los tres senadores oficialistas de la instancia respaldaron el proyecto: Javier Macaya, de la Unión Demócrata Independiente (UDI); María José Gatica, de Renovación Nacional (RN); y Rodolfo Carter, independiente en cupo del Partido Republicano. En contra votaron los socialistas Gastón Saavedra y Daniella Cicardini, los dos senadores de oposición en la comisión.

Superada esta etapa, el texto debe pasar por la comisión de Economía del Senado. Si los senadores lo aprueban después en Sala, quedará listo para convertirse en ley.

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, cerró la sesión con una advertencia concreta: si el Congreso no aprueba la iniciativa, el sector público deberá acelerar los recortes de gasto previstos para este año. Quiroz sostiene que el Presupuesto 2026 enfrenta presiones no cubiertas y deudas con proveedores que el Congreso no habría considerado al aprobar la ley de presupuestos a fines de 2025.

La sesión también incluyó una presentación de Paula Benavides, presidenta del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo independiente que evalúa la sostenibilidad de las finanzas del Estado. Benavides respondió a las denuncias previas de Quiroz, quien afirmó que errores de cálculo de la administración de Gabriel Boric habrían generado un deterioro de US$ 10.600 millones en el déficit fiscal proyectado entre el tercer y cuarto trimestre de 2025, cifra que no se habría reflejado en los Informes de Finanzas Públicas (IFP) de ese período.

El informe del CFA, publicado el lunes, descartaría esa interpretación. Benavides reconoció que hubo proyecciones que no podían ser rastreadas en los últimos IFP, pero aclaró que esos problemas son de larga data y no corresponden a casos aislados de la gestión anterior.

El proyecto deberá sortear la comisión de Economía y luego la Sala del Senado antes de convertirse en ley. Esas instancias decidirán si el gobierno obtiene el respaldo político que Quiroz considera indispensable para cerrar la brecha de financiamiento del presupuesto vigente.