Gustavo Sanhueza, senador y presidente de la Comisión de Educación del Senado, cuestionó que el Gobierno no haya presentado las indicaciones comprometidas al proyecto de Sala Cuna Universal, cuya revisión está citada para mañana, miércoles, en esa comisión. Según el parlamentario, la demora dificulta llegar a un acuerdo en el actual periodo legislativo, porque el Senado sesiona por última vez mañana y el proyecto quedó fuera de la tabla del Senado, asunto que deja su avance en veremos.

Las indicaciones que el Gobierno habría comprometido incluyen modificaciones sobre las obligaciones de los empleadores, una clarificación del uso del Fondo de Sala Cuna en el sector público, mayor gradualidad en la incorporación del derecho y el detalle de la implementación progresiva de las cotizaciones junto con su informe financiero. El texto original aportado al medio queda inconcluso respecto de una disposición, pues dice "El proyecto elimina el requisito de contar con 20 mujeres trabajadoras para..." y no se dispone del resto del enunciado, por lo que no es posible confirmar ese punto.

El trámite introducirá además la necesidad de que, tras la Comisión de Educación, la iniciativa pase a la Comisión de Hacienda del Senado, lo que consume plazos en un calendario ajustado. Para la sesión de la Comisión de Educación de mañana ni siquiera está definido que se voten las indicaciones o el proyecto, y la inclusión en la tabla del Senado puede cambiar de último minuto.

Sanhueza pidió que se retiren referencias al empleador en la ley, porque, dijo, se debe entender el beneficio como "un derecho de los niños y no de los padres". También planteó que se permita el copago para garantizar oferta suficiente y la libertad de elección de las familias, y advirtió sobre el riesgo de precarizar las salas cunas que hoy operan con altos estándares. En sus palabras, "Sala Cuna es prioridad para Chile, pero mientras el Gobierno no presente las indicaciones para mejorar el proyecto, difícilmente se llegará a un acuerdo en el actual periodo legislativo".

El debate que plantea este proyecto combina tres ejes: la garantía de derechos infantiles, el impulso al empleo femenino y la viabilidad financiera para pequeñas empresas que asumirían nuevos costos laborales. En términos comparativos, la expansión de servicios de cuidado infantil es una política usada en varios países de la OCDE para aumentar la participación laboral femenina, pero su diseño y financiamiento suelen ser la clave para no trasladar la carga exclusivamente a las pymes o no bajar la calidad de las prestaciones.

Con la agenda parlamentaria ajustada, la pelota vuelve al Gobierno, que tiene la última palabra sobre las indicaciones. Si el Ejecutivo entrega finalmente las propuestas mañana, el proyecto aún enfrenta un recorrido por comisiones y el pleno del Senado y su aprobación en este periodo legislativo sigue siendo incierta. El proceso será seguido de cerca por quienes buscan ampliar la oferta de cuidado infantil y por las pequeñas empresas que advierten sobre costos adicionales y necesidad de certezas regulatorias.