Ocho organizaciones del mundo educativo, entre ellas el Colegio de Profesores y Andime, gremio que agrupa a directivos de la educación municipal, entregaron una carta al presidente José Antonio Kast para exigir que revierta los recortes al sector y descarte una posible interrupción de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Los gremios también rechazaron el proyecto de ley de incivilidades y la llamada ley Escuelas Protegidas.
La acción conjunta reúne a sindicatos y asociaciones que representan a docentes, directivos y supervisores del sistema escolar público. Su coordinación responde, según sus propios dirigentes, a la percepción de que el sector enfrenta una amenaza sostenida que podría agravarse con el presupuesto del próximo año.
Mario Aguilar Arévalo, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, señaló que la preocupación gremial coincide con lo que muestran las encuestas. Según la última medición del Centro de Estudios Públicos (CEP), la educación figura entre las tres principales preocupaciones de los chilenos, junto a la seguridad y la economía. "Cuando se afecta la educación, se afecta a toda la población chilena", afirmó.
Uno de los puntos más críticos del documento es la posible pausa en los SLEP. Este sistema fue creado para que los recursos educativos dejaran de pasar por los municipios y fueran administrados por organismos especializados. María Beatriz Fuenzalida Cofré, presidenta de Andime, advirtió que frenar ese proceso daría a las municipalidades margen para usar esos fondos en otras áreas. "Los SLEP se crearon precisamente para que los recursos de educación se gastaran en educación", recordó.
Fuenzalida también cuestionó los recortes al personal fiscalizador del Estado. Según indicó, la reducción de dotación debilita la capacidad de control sobre los establecimientos educacionales y pidió al presidente una respuesta directa.
Javier Obando, dirigente de ASUME, gremio que reúne a supervisores de la educación municipal, sumó otra preocupación: la comunidad escolar está quedando al arbitrio de los sostenedores sin los controles necesarios, porque la fiscalización a los establecimientos está paralizada.
Los gremios anunciaron que ampliarán la convocatoria a otras organizaciones con miras a fortalecer la presión antes de que el gobierno presente el presupuesto 2027. Aguilar fue directo: "Vamos a hacer todos nuestros esfuerzos para evitar que esa situación ocurra".
