La pobreza extrema en Chile prácticamente no habría bajado desde fines de 2024, aunque los salarios crecen por sobre la inflación. Así lo plantea, según La Tercera, una microsimulación del Centro de Estudios Públicos (CEP), centro de estudios privado, que publicó en ese medio su coordinador académico, Sebastián Izquierdo.
El punto de partida es la Casen 2024, la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, que mide cada cierto tiempo cuántos chilenos son pobres. Esa medición arrojó que el 17,3% de la población vivía en pobreza por ingresos y el 6,9% en pobreza extrema, es decir, en hogares cuyos ingresos no alcanzan para una canasta básica de consumo.
Esas cifras usan una metodología nueva, por lo que no se pueden comparar con la serie anterior. Además, muestran focos críticos: la pobreza alcanza al 25,7% de los niños de 0 a 3 años y a casi cuatro de cada diez hogares monoparentales encabezados por mujeres con hijos.
El problema es que esa foto corresponde a noviembre de 2024. Desde entonces el desempleo llegó a 9,6% y todavía no existe una medición oficial que muestre cómo eso golpeó a los hogares.
Para estimarlo, el CEP proyectó los ingresos de la Casen hasta julio de 2026, considerando cómo evolucionaron los sueldos, las transferencias del Estado y las líneas de pobreza. Piensa en ello como un simulador: no es una encuesta nueva ni un pronóstico de la próxima Casen, sino un ejercicio que aísla dos fuerzas opuestas, los mejores ingresos y los empleos perdidos.
El resultado es revelador. En un escenario donde nadie hubiera perdido su trabajo, la pobreza caería a 15,7% y la extrema a 6,3%. Al sumar la destrucción de empleos, la pobreza queda en 16,3% y la extrema en 6,8%, casi igual que en 2024.
Traducido a personas, los puestos perdidos impiden que más de 122 mil personas salgan de la pobreza. La lógica es simple: un aumento de sueldo solo sirve si tienes un sueldo. Para quien quedó cesante, el reajuste no existe.
La red de protección tampoco alcanza a cubrir el golpe. En la simulación, solo tres de cada diez trabajadores que quedan sin empleo acceden al seguro de cesantía, y ese beneficio compensa en promedio cerca del 13% de los ingresos del total de trabajadores desplazados.
El propio autor advierte limitaciones. El ejercicio no considera los empleos creados en sectores que crecieron, así que no estima la evolución completa de la pobreza. Aun así, cita un trabajo de Cases y Vergara (2026) que documenta menos oportunidades de acceder a un empleo y un traslado hacia el trabajo independiente y las empresas pequeñas, donde la protección social suele ser más débil.
Izquierdo vincula estos datos con la discusión del Presupuesto 2027. Menciona como ejemplo la polémica por el fin del programa Yo Elijo mi PC, cerrado tras evaluaciones desfavorables, y propone priorizar el acceso al trabajo de los hogares vulnerables: quitar barreras como las labores de cuidado y las brechas de competencias, reforzar la protección ante la pérdida de ingresos y financiar iniciativas que generen empleo adicional.
"Los salarios determinan cuánto mejora la situación de quienes trabajan; el empleo, quiénes pueden participar de esa mejora", escribió Izquierdo. La próxima Casen será la que confirme o corrija esta estimación; mientras, el debate presupuestario para 2027 será el primer escenario donde se pondrá a prueba.
