El 9 de marzo, en la cumbre Escudo de las Américas realizada en Miami, Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de México, llamó a fortalecer la cooperación continental frente al crimen organizado y advirtió que cualquier participación debe respetar la soberanía mexicana y la Constitución.
La legisladora mexicana señaló que "cualquier participación de México en iniciativas de carácter continental deberá darse con pleno respeto a nuestra soberanía nacional, en estricto apego a la Constitución y a los principios que históricamente han orientado la política exterior del Estado mexicano". En su intervención vinculó la obligación internacional con el peso geopolítico de México y defendió la necesidad de respuestas conjuntas.
En la misma cumbre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ubicó a México como "epicentro" de los cárteles de la droga y defendió una política de erradicación frontal. Trump afirmó que su administración logró una reducción del 60% en el ingreso de fentanilo a las fronteras estadounidenses, y dijo que la colaboración regional será clave para mantener esos resultados. Además, elogió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificándola de "una mujer increíble" y ofreciendo asistencia para enfrentar a los cárteles.
Estas declaraciones ponen en tensión dos tradiciones en la política regional. Por un lado, existe la demanda práctica de cooperación policial y judicial ante redes transnacionales. Por otro, México mantiene desde la doctrina de no intervención un resguardo firme de su soberanía como principio de Estado. Esa tensión definirá si los acuerdos futuros son de coordinación técnica o implican presencia más directa de actores externos.
Para los ciudadanos la discusión es tangible. Mayor coordinación puede traducirse en más operativos conjuntos, intercambio de inteligencia y controles fronterizos reforzados. Eso puede reducir el tráfico de drogas y la violencia en zonas limítrofes, pero también genera preocupación por la pérdida de control nacional sobre operaciones en territorio mexicano y por posibles impactos en libertades civiles.
Ganan los aparatos de seguridad que buscan herramientas regionales para desarticular redes. Pierden quienes ven en la oferta de terceros una potencial injerencia en asuntos internos. En el plano político, el Gobierno mexicano debe equilibrar la demanda de resultados en seguridad con la preservación de la Constitución y de la política exterior histórica.
En ese contexto regional más amplio, la cumbre sirve como termómetro. América Latina enfrenta un repunte de delitos ligados a organizaciones criminales, y distintos gobiernos presionan por respuestas conjuntas. Esto también obliga a países como Chile a observar medidas prácticas que podrían replicarse, desde cooperación en inteligencia hasta protocolos migratorios.
La negociación práctica está por venir: acuerdos técnicos sobre intercambio de información, operación judicial conjunta o asistencia en capacidades forenses. Pero cualquier paso más allá requerirá definiciones legales claras y aval político en México. La cumbre dejó en evidencia la urgencia, y también el límite invocado por la élite política mexicana: la soberanía no es negociable.
