La Superintendencia de Electricidad y Combustibles, conocida por sus siglas SEC, instruyó que las empresas eléctricas no podrán comenzar a cobrar ni abonar las diferencias tarifarias acumuladas entre 2020 y 2024 sino hasta julio de 2026. La medida, anunciada en un contexto de presión económica para los hogares, apunta a evitar impactos inmediatos y a dar tiempo a una implementación ordenada. La reliquidación tarifaria, prevista dentro de la normativa del Valor Agregado de Distribución (VAD), busca ajustar lo que las compañías cobraron frente a lo que la fórmula tarifaria establece. Este proceso puede significar cargos o abonos en la cuenta de luz, dependiendo de cada cliente.

La SEC aclaró que la postergación no elimina la obligación legal de hacer la reliquidación, sino que la aplaza ante circunstancias excepcionales para resguardar a los hogares, con especial atención a su efecto en el gasto mensual. «permite dar un espacio adicional para una implementación adecuada del proceso de reliquidación, resguardando tanto el cumplimiento de la normativa vigente como la protección de las familias», afirmó la autoridad.

La decisión se tomó tras recibir solicitudes de parlamentarios de la Cámara y el Senado, junto a la Asociación de Empresas Distribuidoras y la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas (FENACOPEL), quienes argumentaron que el timing podría impactar de forma significativa a las familias. Los montos se distribuirán en cuotas, con mecanismos para evitar sobrecargas, especialmente en aquellos casos donde las cuotas representen un porcentaje relevante del gasto mensual.

En el marco de este anuncio, se enmarca un momento de alta presión económica para Chile. Desde el jueves 26 de marzo rigen nuevos precios de los combustibles en el país; la gasolina de 93 octanos subió 392 pesos por litro y el diésel 580. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que el alza responde al incremento internacional del petróleo en el marco del conflicto en Irán y a problemas en las finanzas públicas. La SEC señala que la reliquidación es independiente de estas variaciones, y que el objetivo es proteger el poder adquisitivo de las familias mientras se cumplen las normativas vigentes.

La autoridad aclaró que, si bien la reliquidación se aplaza, la obligación legal de efectuarla persiste y se implementará cuando existan condiciones adecuadas para hacerlo sin generar cargas excesivas a los hogares. En las próximas semanas se espera que la SEC defina el cronograma y los detalles operativos para la implementación de este proceso, con el foco puesto en evitar impactos abruptos en el gasto mensual de las familias chilenas.