La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al Fisco pagar $100 millones a Ewa Ebers Oberreuter. En 1975, cuando tenía dos años, funcionarios de la Armada la golpearon durante un operativo en un domicilio de Valparaíso, en plena dictadura militar.
La información la publicó BioBioChile. Según ese medio, la Corte duplicó la indemnización de $50 millones que el 2.º Juzgado Civil de Santiago había fijado el 22 de diciembre de 2025. Una indemnización es el pago en dinero que un tribunal ordena para reparar un daño.
Ninguna de las fuentes informa la fecha exacta del fallo de segunda instancia ni el número de causa (RIT, o rol interno del tribunal). Según ADN Radio, la decisión la tomó la Undécima Sala de la Corte.
Los agentes de la Armada llegaron al domicilio para detener a la madre y a la abuela materna de la niña. El fallo da por acreditado que la detención tuvo motivos políticos vinculados con su madre y que los uniformados la hicieron con fuerza.
El tribunal describió así lo ocurrido: la niña "fue detenida en su domicilio junto a su abuela materna en 1975, sufriendo la ocupación de su vivienda y apremios de gravedad". Agregó que un funcionario de la Armada la golpeó en la boca con un arma.
Los magistrados tuvieron por probado que después vino una persecución constante que la separó de su familia. Entre las secuelas que reconocieron figuran problemas de salud mental, trastornos psicopedagógicos y alteraciones de su ritmo circadiano, es decir, del ciclo de sueño y vigilia. El fallo califica estas secuelas como permanentes en su proyecto de vida.
Para fundamentar la gravedad del caso, la Corte invocó la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional que obliga a los Estados a proteger especialmente a niñas y niños. Calificó los hechos como una "gravísima transgresión a sus derechos humanos", agravada por su condición de menor de edad.
Para subir el monto, el tribunal consideró la gravedad de los hechos, la corta edad de la víctima y el carácter permanente del daño. ADN Radio informó además que los jueces exigieron que la cifra guardara relación con lo resuelto en casos parecidos.
Esta es una sentencia civil de segunda instancia contra el Fisco, que representa al Estado en tribunales. Las fuentes no informan si el Consejo de Defensa del Estado recurrirá a la Corte Suprema, la última instancia posible. Por ahora, el monto a pagar quedó fijado en $100 millones.
