Según BioBioChile, cerca de 90 diputadas y diputados de distintos sectores enviaron una carta al presidente José Antonio Kast. En ella le piden liderar un Acuerdo Nacional por la Seguridad y convocar una comisión para fortalecer a Carabineros y a la Policía de Investigaciones (PDI).
El diputado Daniel Valenzuela (independiente, bancada de Renovación Nacional) impulsó la iniciativa. Tiene firmas de comités que van desde Independientes-PC hasta el Partido Nacional Libertario. Pocas veces se ve un respaldo tan amplio en una sola carta.
El documento tiene fecha del 7 de octubre. Propone crear una Comisión Nacional para la Protección y el Fortalecimiento de nuestras Policías. La integrarían representantes del Ejecutivo, Carabineros, la PDI, parlamentarios, especialistas, alcaldes y la sociedad civil.
Hay un punto que la distingue de otras mesas. La carta pide sumar directamente a los funcionarios que patrullan y enfrentan los procedimientos de mayor riesgo, para que su experiencia se considere al diseñar las medidas.
Valenzuela atribuyó la iniciativa a los recientes hechos de violencia contra policías. "Cuando estamos hablando que en una semana matan a dos carabineros, cuando la gente tiene miedo salir a la calle, tenemos que tener políticas de Estado donde todos participemos", afirmó.
La lista de temas es concreta: equipamiento, aumento de dotación, turnos y descansos, remuneraciones y bonos, y más presencia policial en las calles. También piden revisar los tiempos de ascenso, las prácticas de tiro, el acceso a información en tiempo real y el respaldo técnico y político a las instituciones.
El texto apunta a las condiciones de quienes trabajan en terreno. "No queremos más carabineros asesinados", señala la carta, que pide que cada funcionario tenga el equipamiento y el respaldo necesarios para regresar a casa.
¿Quién gana con un acuerdo así? Los policías de base, que pasarían a tener voz en las decisiones. Para el gobierno, la carta es una oportunidad y también un emplazamiento: le da un apoyo legislativo transversal, pero lo presiona a mostrar resultados. Según la información disponible, La Moneda todavía no ha respondido a la propuesta.
Los firmantes se comprometen a trabajar en el Congreso para sacar adelante los acuerdos que se alcancen. La carta fija el 31 de diciembre de 2026 como plazo para que la eventual comisión entregue propuestas concretas.
