En La Moneda, el Gobierno convocó a una reunión extraordinaria la tarde del lunes para analizar las denuncias de hackeos señaladas por la embajada de Estados Unidos. Al encuentro asistieron el canciller Alberto van Klaveren; el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo; y la ministra de Defensa, Adriana Delpiano. La sesión se prolongó por dos horas y el Ejecutivo entregó el informe recibido a la autoridad competente.
El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, había elevado el tono al afirmar que entregó antecedentes sobre supuestos hackeos a empresas y que no hubo una reacción oportuna, y justificó la decisión de la cesación de visas a autoridades chilenas. El canciller Van Klaveren calificó esas declaraciones como "inaceptables" y rechazó las imputaciones, señalando que "no está en riesgo la seguridad y soberanía de Chile".
El Gobierno derivó los antecedentes a la Agencia Nacional de Ciberseguridad, creada el año pasado, y a la Brigada de Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), para su análisis técnico y judicial. Van Klaveren explicó que algunas de las denuncias llegaron desde el Ministerio de Seguridad Pública, pero que la investigación está sujeta a aportes interinstitucionales y a reserva legal. El canciller añadió que los resultados no siempre se comunican públicamente por esos motivos.
El episodio confirma la creciente politización de los incidentes cibernéticos a nivel internacional, donde acusaciones públicas pueden derivar en sanciones diplomáticas como la restricción de visas. Para Chile, la tensión plantea dos riesgos inmediatos: daño reputacional para las empresas señaladas, especialmente en los sectores de telecomunicaciones y construcción, y un impacto sobre la cooperación técnica con socios extranjeros si no se aclaran los hechos.
Desde el punto de vista institucional, el Gobierno busca mostrar que dispone de una estructura para enfrentar ataques digitales, y que las denuncias se tramitan por las vías técnicas y policiales correspondientes. Sin embargo, la falta de detalles públicos puede mantener el conflicto diplomático y alimentar desconfianzas entre privados y socios internacionales.
Los próximos pasos serán la investigación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad y la indagación de la PDI, además de un probable intercambio diplomático entre La Moneda y la embajada de Estados Unidos en Santiago. Si las acusaciones se confirman, podría haber medidas adicionales que afecten a personas y empresas; si no se confirman, la fricción bilateral podría persistir y aumentar la percepción de riesgo cibernético en el país.
