El Ministerio Público presentó una acusación por el ataque incendiario al molino Grollmus, en Contulmo, Región del Biobío, que dejó a tres personas gravemente heridas la noche del 29 de agosto de 2022; la audiencia de preparación de juicio oral fue fijada para el 20 de marzo.

Según la Fiscalía, la acusación contra 17 personas —entre ellas, los líderes del grupo identificado como Resistencia Mapuche Lafkenche, RML— fue ingresada el viernes 13 de febrero ante el Juzgado de Garantía de Cañete. El fiscal Danilo Ramos informó que se imputa al menos una decena de delitos contra esas personas, 16 de las cuales son adultos.

El Ministerio Público solicitó, para los adultos, penas que incluyen presidio perpetuo simple y calificado, además de sanciones por robo con violencia e intimidación, incendio, disparo injustificado y porte ilegal de arma de fuego. Para el único adolescente imputado, la Fiscalía pidió la sanción máxima contemplada en la Ley 21.084, que regula la responsabilidad penal de adolescentes en Chile.

La Defensoría Penal Pública (DPP) representa a 12 de las 17 personas acusadas. La abogada Katherine Valdés indicó que en la próxima etapa, la audiencia de preparación de juicio oral, la defensa discutirá “la pertinencia y la legalidad de la prueba presentada, ya que en este caso nuevamente el debido proceso se pone en tela de juicio con el uso de testigos reservados que impiden a esta defensa ejercer la debida y la adecuada confrontación”.

La acusación reconstruye la noche del 29 de agosto de 2022 como sigue: un grupo de sujetos armados, con el rostro cubierto y varios vistiendo ropa de estilo militar y chalecos antibalas, llegó hasta la propiedad donde se ubicaba el centenario molino. Según el Ministerio Público, los atacantes amenazaron a las personas presentes, rodearon la casa familiar, abrieron fuego contra el inmueble y luego prendieron fuego a la leñera, al molino y al museo de la familia, que, según la acusación, quedaron totalmente destruidos.

Estos hechos se inscriben en la prolongada conflictividad que afecta a zonas rurales de la Región del Biobío y de La Araucanía, donde hay episodios recurrentes de violencia entre grupos mapuche, comunidades y empresas o propietarios. Las causas penales que involucran a agrupaciones como la Resistencia Mapuche Lafkenche se dirimen hoy tanto en tribunales como en el debate público sobre seguridad, derechos territoriales y el uso de testigos reservados en procesos de violencia rural.

El próximo paso procesal es la audiencia de preparación de juicio oral en el Juzgado de Garantía de Cañete, fijada para el 20 de marzo, donde las partes debatirán la admisibilidad de las pruebas y la validez de los testigos reservados; de mantenerse, la causa podría seguir a juicio oral, donde corresponderá al tribunal resolver sobre las imputaciones y las penas solicitadas por la Fiscalía.