La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una ley de amnistía y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la promulgó de inmediato en el palacio de Miraflores en la madrugada de hoy.

La norma, que consta de 16 artículos, ampara la liberación, la extinción de causas y de penas de personas procesadas o condenadas por hechos ocurridos desde 1999, incluyendo procesos políticos de 2023, 2024 y 2025. El gobierno la presenta como una "llave para la paz y la reconciliación nacional", en un contexto que, según el Ejecutivo, se acentuó tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero, una lectura que no todos comparten.

La ley establece procedimientos de aplicación que requieren solicitudes ante tribunales, no efectos automáticos, por lo que las excarcelaciones se esperan graduales. Pese a ello, a medianoche quedó en libertad el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, señalado como el número dos del movimiento de la opositora María Corina Machado, quien es una de las figuras más visibles de la oposición venezolana.

En contraste con la narrativa gubernamental, el texto excluye de forma expresa a los presos militares, es decir, los delitos tipificados como rebelión no quedan amnistiados. Según el Parlamento, esa exclusión afecta a alrededor de 200 de los 600 prisioneros políticos que siguen detenidos, y tampoco se benefician quienes hubieran respaldado acciones extranjeras contra el país.

La ley suscitó divisiones: la bancada opositora en la Asamblea la calificó como "imperfecta pero útil" y buscó cambios hasta última hora. Defensores de derechos humanos y juristas advirtieron que las múltiples excepciones, la ausencia de un marco de reparaciones y la vía judicial para aplicar los beneficios pueden abrir la puerta a impunidad. Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia —organización no gubernamental—, dijo que el balance de la norma es negativo y apuntó a "graves deficiencias estructurales".

Familiares de presos políticos celebraron la aprobación y permanecen en vigilia a las puertas de centros de detención, aunque saben que la liberación de sus parientes dependerá de trámites judiciales. La discusión pública también incluye el riesgo de que la amnistía no alcance a responsables de violaciones de derechos humanos, una preocupación expresada por organizaciones internacionales.

Para América Latina y Chile en particular, la ley tiene efectos concretos. Chile es uno de los destinos principales de la migración venezolana en la región, por lo que cualquier cambio en la situación de presos y exiliados puede alterar solicitudes de asilo, repatriaciones voluntarias y la agenda de cooperación bilateral. Además, la aplicación de la norma será vigilada por organismos regionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y puede influir en la posición que adopten países que mantienen sanciones o diálogos con Caracas.

En los próximos días se espera una disputa judicial sobre la interpretación del texto, liberaciones parciales y nuevas tensiones políticas entre el chavismo y los sectores opositores. El resultado definirá no solo las vidas de cientos de presos, sino también la posibilidad de negociación política y la percepción internacional sobre la intención de reconciliación del gobierno venezolano.