La llegada de José María Balcázar a la presidencia interina reactivó la discusión sobre la posibilidad de que el expresidente Pedro Castillo salga de prisión por una gracia presidencial. Los juristas consultados coinciden en un punto clave: un indulto exige que la condena sea firme y consentida, condición que no se cumple en el caso de Castillo.

Pedro Castillo, ex maestro rural que llegó al poder en 2021 y fue vacado en 2022 tras intentar disolver el Congreso, está recluido en el penal de Barbadillo y fue condenado en primera instancia a once años y cinco meses por conspiración para la rebelión. Esa sentencia aún está en revisión ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú, la instancia penal más alta del país, por lo que no hay resolución definitiva que permita un indulto tradicional.

Ante esa barrera, especialistas como los abogados Wilfredo Pedraza y Miguel Pérez Arroyo han señalado la posibilidad de la figura del derecho de gracia. A diferencia del indulto, el derecho de gracia puede, en teoría, cancelar procesos penales que siguen en trámite. Ese recurso tiene precedentes en Perú, el más citado es el perdón otorgado en 2017 al expresidente Alberto Fujimori por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, un gesto que generó fuerte controversia pública y recursos judiciales.

Pero no es una potestad absoluta. La tramitación del derecho de gracia debe pasar por la Comisión de Gracias Presidenciales, que recopila antecedentes del Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, evalúa conducta y circunstancias y envía una recomendación al ministro de Justicia, que a su vez asesora al presidente. Los expertos subrayan que saltarse ese procedimiento expone a impugnaciones legales y a un costo político considerable.

En lo político, la opción de conceder una gracia colocaría a Balcázar, de 83 años y miembro del partido Perú Libre, en el centro de una crisis potencial cuando el Ejecutivo interino gobierna hasta julio de 2026 y el país está en plena coyuntura electoral. Podría generar protestas de partidarios y detractores, aumento de polarización y cuestionamientos sobre la independencia del sistema judicial.

Por qué importa para Chile y la región. La estabilidad política en Perú tiene efectos prácticos sobre comercio, inversión y flujos migratorios entre ambos países. Chile, que mantiene una importante relación bilateral con Perú en comercio y cooperación, seguirá con atención cualquier movimiento que aumente la inestabilidad o tensione relaciones diplomáticas. Además, el uso político de herramientas como el derecho de gracia altera la percepción regional sobre la separación de poderes y puede servir de precedente para gobiernos con agendas polarizadas.

En síntesis, la vía del indulto directo se ve cerrada mientras la condena de Castillo no sea definitiva. El derecho de gracia existe como alternativa, pero su aplicación está condicionada a un procedimiento formal y cargada de riesgos políticos y jurídicos que podrían profundizar la crisis institucional en Perú y repercutir en la región.