A comienzos de este año los precios internacionales del litio se fortalecieron, y en la última semana la Contraloría General de la República de Chile rechazó dos solicitudes vinculadas a permisos para proyectos en el país, lo que encendió la alarma entre empresas y titulares de concesiones.

El mercado pasó de cotizar cerca de US$10.000 por tonelada el año pasado, a niveles actuales alrededor de US$20.000 por tonelada, es decir, aproximadamente el doble. Ese repunte refleja la estabilización de la demanda por electromovilidad y almacenamiento energético, y además se ve alimentado por decisiones globales, como la suspensión de exportaciones de litio sin procesar de Zimbabue, que empujó contratos futuros a cerca de US$26.000 por tonelada. Los contratos futuros son acuerdos para comprar o vender un producto en una fecha futura a un precio fijado hoy, y suelen anticipar tensiones en la oferta.

En Chile, sin embargo, las señales internas parecen desalineadas con ese contexto internacional. Según la información disponible, la Contraloría rechazó dos CEOL, sigla que no fue definida en los documentos consultados, por fallas en el procedimiento administrativo y no por problemas ambientales o técnicos. La Contraloría es el organismo público que fiscaliza la legalidad de los actos de la administración del Estado. Cuando la decisión es por procedimiento, la lectura del mercado es que el problema es la tramitación, más que la viabilidad del proyecto.

Esa combinación atrae o repele capital. En minería el dinero es como agua, se mueve hacia donde encuentra menos fricción. Si la señal regulatoria equivale a un semáforo rojo por trámites inciertos, los proyectos pierden prioridad frente a países que muestran pasos más limpios hacia la operación.

El contraste con Argentina es un ejemplo concreto. Estimaciones del sector indican que la cartera de proyectos de litio del país vecino supera los US$14.847 millones en inversiones comprometidas. Además, la minera global Rio Tinto confirmó una inversión de US$2.500 millones para expandir su proyecto Rincón en Argentina y apuntar a 60.000 toneladas anuales. Para ponerlo en perspectiva, SQM, empresa con fuerte presencia en Chile, proyecta llegar a 260.000 toneladas, por lo que el aporte de Rio Tinto sería equivalente a cerca del 23 por ciento de esa cifra.

En Chile ya hay señales de actividad tecnológica y de mercado: Summit Nanotech puso en marcha una planta piloto de extracción directa de litio, conocida por sus siglas en inglés DLE, que busca descontaminar y abaratar la extracción en comparación con métodos tradicionales. También SQM reportó resultados y proyecciones que muestran dinamismo en la oferta nacional. Pero la incertidumbre regulatoria puede desincentivar que ese dinamismo se traduzca en inversión extranjera permanente.

Si se confirma que las objeciones de la Contraloría son formales, la solución está en ordenar procesos administrativos y acortar plazos de aprobación. Si las decisiones siguen demorando o politizándose, la competencia regional por capitales puede costarle a Chile la oportunidad de capturar mayor valor en la cadena, desde la extracción hasta el procesamiento y la industria local.

La ministra Aurora Williams, quien presentó recientemente la Estrategia Nacional del Litio en Antofagasta, enfrenta así un desafío doble: aprovechar el impulso de precios internacionales y ofrecer señales de certidumbre para que las inversiones se concreten en Chile y no se desvíen hacia proyectos en otros países. En el corto plazo, las próximas decisiones administrativas y la claridad sobre requisitos y plazos serán determinantes para definir cuánto valor se queda en el país.