En la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, Máximo Pacheco no pudo leer el texto que preparó para cerrar su mandato al frente de Codelco. Por seis votos a cinco, los diputados presentes impidieron que el presidente de la estatal leía su alocución y optaron por ir directo a las preguntas, en un intercambio tenso que abordó temas ya discutidos en anteriores comisiones, como el atraso de proyectos, la comparación productiva con la minería privada y la seguridad laboral tras el fatal accidente del 31 de julio pasado.
Entre las preguntas, el tono giró en torno a la gestión de la empresa y a la necesidad de explicaciones, pero Pacheco dejó claro que intervenir en negociaciones o conflictos laborales está vedado constitucionalmente y que, de hacerse, podría configurar una causal de cesación en el cargo. El discurso, si bien no fue leído, respondía en términos generales a esas dudas y, según el propio Pacheco, buscaba aportar claridad sobre la dirección de la compañía.
La novedad del texto, según informó el propio Pacheco, fue la mención al plan de regreso de los trabajadores de la casa matriz al edificio corporativo en el centro de Santiago, ubicado en Huérfanos 1270. A partir de la semana pasada, dijo, comenzaron a reincorporarse a la sede, exactamente cinco años y una semana después de que el directorio tomara la decisión de remodelarla en abril de 2021. “Este proceso permitió corregir un proyecto y así evitar riesgos para las personas; recuperar patrimonio urbano; y devolver operatividad a la casa matriz de la principal empresa del país”, afirmó.
Pacheco se defendió de las críticas recordando que la intervención de los diputados en negociaciones laborales está prohibida por la Constitución y que, aun cuando las dudas persistan, corresponde a la dirección de la empresa gestionar esas materias. En ese contexto, el jefe de Codelco señaló que la remodelación del edificio y el retorno gradual buscan seguridad, continuidad operativa y una mejor conexión con la región donde opera la estatal. El episodio dejó en evidencia tensiones entre la autoridad minera y la Cámara, con posibles repercusiones para la interlocución entre el Congreso y la empresa estatal más grande del país. Se esperan próximos encuentros para continuar la revisión de proyectos, avances de seguridad y la compleja agenda de rehabilitación de activos estratégicos de la copperífera pública.
