Javiera Martínez, directora de Presupuestos, dijo que la caída de la recaudación tributaria, especialmente la que pagan las empresas no mineras, es la razón central del deterioro fiscal, y que esa baja no podía preverse con las estimaciones que se usan para 2025. Nicolás Grau, ministro de Hacienda, respondió proponiendo la creación de una comisión para mejorar cómo se calculan los ingresos tributarios.

El punto clave es que el resultado fiscal del Estado terminó mucho peor de lo esperado: el déficit estructural llegó a 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando en la ley de presupuestos se proyectaba 1,1% del PIB. Producto Interno Bruto, la medida del tamaño de la economía, permite comparar estas cifras con lo que el país produce en un año.

Decir que ahora solo hace falta una mejor "huincha" para medir los ingresos tiene algo de verdad y de trampa. Es verdad porque, si las herramientas de estimación fallan sistemáticamente, la planificación fiscal falla. Pero es trampa, porque durante años técnicos externos, como el Consejo Fiscal Autónomo, y otras voces especializadas advirtieron que las estimaciones eran optimistas y que los rendimientos de reformas tributarias probablemente quedarían bajo lo proyectado; pese a eso, la Dirección de Presupuestos (Dipres) y Hacienda mantuvieron las cifras.

La Dipres es la Dirección de Presupuestos, la unidad del Ministerio de Hacienda que prepara la ley de presupuestos. El Consejo Fiscal Autónomo es un organismo independiente que evalúa la política fiscal y las proyecciones del gobierno. Ambos habían señalado una sobreestimación reiterada, pero no se tradujo en cambios a tiempo.

En lenguaje cotidiano, no se trata solo de que la cinta métrica sea mala, sino de que el sastre decidió seguir cosiendo el traje con la misma tela, aun cuando clientes y críticos advirtieron que las medidas estaban mal. Cuando el Estado aprobó mayores gastos, por ejemplo por reformas de pensiones u otros compromisos, se acompañó de supuestos aumentos de ingresos que no llegaron en la proporción ni en los tiempos esperados.

¿Qué implica esto para el bolsillo y para el presupuesto? Primero, menos ingresos obligan a recortar gastos, buscar nuevas fuentes de financiamiento, o ambas cosas. Eso puede traducirse en presión sobre programas públicos, inversión o en la necesidad de medidas tributarias adicionales. Segundo, afecta la credibilidad del proceso presupuestario: si las estimaciones vuelven a fallar, los actores —mercado, municipalidades y organismos públicos— tendrán que adaptarse a mayor incertidumbre.

Si tienes una empresa, un empleo público o dependes de programas sociales, la consecuencia práctica es que las decisiones sobre gasto y reforma tributaria estarán condicionadas por estos números. Una comisión técnica para mejorar las metodologías puede ayudar, pero no sustituye el debate político sobre prioridades de gasto y responsabilidad fiscal.

La convocatoria de Grau a revisar las estimaciones es un paso procedimental. La pregunta abierta es si el gobierno aceptará cambiar metas de gasto o buscará compensaciones vía impuestos o endeudamiento. La historia reciente y las advertencias técnicas sugieren que la solución requiere tanto afinar la "huincha" como revisar las decisiones de sastrería fiscal que tomaron quienes diseñaron el traje presupuestario.

En los próximos meses habrá que ver el alcance de la comisión que propone Hacienda, quiénes la integran y si sus recomendaciones se traducen en ajustes reales antes de la próxima ley de presupuestos. Sin esos cambios, el riesgo es repetir un patrón de proyecciones optimistas que luego obligan a correcciones dolorosas.