El 24 de febrero de 2026, en Cartagena, departamento de Bolívar, el presidente Gustavo Petro convocó un Consejo de Ministros y dispuso un acuertelamiento del gabinete, exigiendo presencia continua durante 30 días para garantizar la vigencia y ejecución de los decretos por las inundaciones que afectan varias regiones de Colombia.

La medida busca evitar que la omisión administrativa o la remoción de un ministro provoque la anulación de normas destinadas a la atención de damnificados. En el Consejo, Petro advirtió, "Los ministros y ministras no se pueden retirar. Un solo ministro que deje en duda... derrumba el decreto".

El presidente dijo que los recursos provendrán del Presupuesto General de la Nación (PGN) y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), además de nuevos ingresos por tributación, en particular gravámenes a sectores con mayor capacidad económica y a propietarios. Petro afirmó que primero habrá traslados presupuestarios y luego se evaluarán ingresos adicionales.

Históricamente, el Ejecutivo ha visto decretos de emergencia declarados nulos por defectos formales, según recordó el propio mandatario. Esa memoria explica la cautela procesal. El gobierno intenta cerrar brechas administrativas que puedan ser usadas por adversarios para impugnar las medidas.

Quienes ganan potencialmente son los territorios y las personas damnificadas, si las normas se aplican sin trabas y permiten desembolsos rápidos. Pierden, en términos políticos y económicos, los sectores que el Ejecutivo pretende gravar, y los actores que buscan frenar la emergencia mediante recursos judiciales o impugnaciones administrativas.

La disposición abre también un debate regional sobre el uso del estado de excepción y los límites del poder ejecutivo en emergencias. Para Chile y América Latina, la situación en Colombia es relevante porque marca un precedente sobre cómo combinar medidas fiscales extraordinarias con controles legales, y porque cualquier tensión política puede tener efectos sobre la percepción de riesgo país en la región.

Por ahora, el gobierno fijó el marco temporal y los instrumentos generales, pero dejó pendiente la letra fina: no detalló montos, tramos ni el calendario de las nuevas medidas tributarias. Enfrentará en los próximos días desafíos administrativos, posibles cuestionamientos judiciales y la necesidad de concretar traslados desde la UNGRD y el PGN para que la ayuda llegue sin demoras.