Un liceo municipal en Temuco instaló esta semana un segundo pórtico detector de metales, a pesar de haber sido multado por la Superintendencia de Educación. La medida reavivó el debate público sobre el uso de tecnología de control en espacios públicos.

La Superintendencia de Educación sancionó al municipio con $4 millones al considerar que los dispositivos pueden vulnerar la dignidad y la privacidad de los estudiantes y por “condicionar el ingreso” a los establecimientos. Pese a esa multa, la comunidad escolar local decidió instalar el segundo pórtico, según reportes locales.

El proyecto de ley que regula la instalación de estos equipos fue ingresado en marzo de 2025 por la bancada de la Unión Demócrata Independiente, y busca autorizar pórticos detectores tanto en establecimientos educacionales como en centros de salud familiar, conocidos como Cesfam. En octubre la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa por 97 votos a favor, 18 en contra y 9 abstenciones, y el texto ahora sigue su tramitación en el Senado.

Desde la vereda de los promotores, el diputado chileno Stephan Schubert, del Partido Republicano, dijo a La Tercera que "los pórticos no resuelven el problema de violencia, pero son un elemento paliativo que aporta seguridad". Schubert sostuvo que la norma no impide el acceso, sino que controla el ingreso, postura compartida por alcaldes y directores que han enfrentado episodios de violencia en colegios.

El antecedente de mayor peso en la discusión reciente es la balacera registrada en el colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz, Región del Biobío, en mayo de 2025, que dejó a tres estudiantes heridos. En ese contexto, la idea de reforzar la seguridad con dispositivos tecnológicos ganó tracción entre algunos parlamentarios y autoridades locales. Sin embargo, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se ha manifestado en contra de la medida.

La discusión ahora es política y práctica. Quienes ganan son las comunidades escolares y municipios que buscan respuestas inmediatas frente a episodios de violencia. Pierden los estudiantes y defensores de derechos que advierten un riesgo sobre la privacidad, la estigmatización y la normalización de controles en el acceso a la educación. Para el ciudadano común, la decisión implica un cambio en la experiencia de ingreso a colegios y consultorios, y plantea un costo implícito: instalar y mantener pórticos puede desviar recursos que podrían destinarse a prevención, acompañamiento socioemocional o infraestructura pedagógica.

El Senado deberá dirimir ahora las dudas técnicas y de garantías. En la tramitación quedan por resolver estándares de uso, protocolos de fiscalización y salvaguardas para la dignidad de estudiantes y pacientes. La votación final determinará si la medida se transforma en política nacional o si se incorporan restricciones que limiten su aplicación local.