En el campo al-Roj, controlado por autoridades kurdas en el noreste de Siria, once mujeres australianas dijeron este lunes que aceptarían separarse de sus 23 hijos si con ello los menores pudieran ser repatriados a Australia. Los niños, algunos de apenas seis años, permanecen en detención desde la derrota territorial del llamado califato del Estado Islámico (EI) y, según las madres, sufren regresiones psicológicas y episodios de pánico.

Zahra Ahmad, una mujer de Melbourne, Australia, que lleva detenida en campos sirios desde al menos 2019 y es madre de tres, describió el estado de sus hijos: “He pedido continuamente que salven a mis hijos de este campo y de este miedo constante”, dijo, y explicó que su hijo Omar tiene terrores nocturnos y se muerde los dedos hasta sangrar. Otras mujeres del grupo dijeron que no querrían que les separaran de sus hijos, lo que refleja divisiones dentro del propio grupo sobre la mejor solución para los niños.

El intento más reciente de salida fue abortado la semana pasada, cuando las 11 mujeres y sus 23 niños fueron liberados temporalmente por las autoridades kurdas y trasladados en convoy con la intención de llegar a Damasco, la capital de Siria, para tomar vuelos a Australia. La comitiva fue devuelta rápidamente después de que el gobierno sirio interviniera, argumentando que no se había coordinado correctamente con Damasco.

El gobierno de Australia ha dicho que se opone a la repatriación de las mujeres y los niños vinculados a presuntos combatientes del EI, y que no asistirá en intentos de reingreso al territorio sirio. Estas personas son esposas y descendientes de hombres sospechados de integrar al EI, grupo armado conocido por su intento de establecer un autoproclamado califato en partes de Iraq y Siria entre 2014 y 2019.

El caso expone el choque entre consideraciones de seguridad y obligaciones humanitarias. Varios países europeos han optado por repatriar menores de familias vinculadas al EI, a veces separándolos temporalmente de sus progenitores mientras se evalúa su situación legal y de protección. Otras naciones han puesto mayores obstáculos por temor a riesgos de radicalización y a la complejidad de procesar a adultos por delitos de terrorismo.

Para las autoridades kurdas, agrupadas en lo que se conoce como la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES), el mantenimiento de miles de detenidos asociados al EI es una carga administrativa, humanitaria y de seguridad. Para Damasco, la entrada de convoyes controlados por terceros plantea un problema de soberanía y de coordinación entre actores locales e internacionales.

¿Qué implica esto para Chile y América Latina? Aunque la región no enfrenta un flujo comparable de ciudadanos ligados al EI, el caso sirve como referente sobre cómo responder ante nacionales implicados en conflicto exterior. Plantea preguntas sobre capacidades consulares, responsabilidades en materia de derechos de la infancia y coordinación diplomática en zonas de guerra. Además obliga a evaluar la capacidad judicial y de protección social para integrar a menores que han sufrido trauma complejo.

La situación permanece incierta. Si Australia mantiene su rechazo a la repatriación de las mujeres, es probable que las autoridades kurdas sigan sometidas a presión para hallar soluciones temporales, a la espera de cambios en las políticas internacionales o de acuerdos bilaterales con Damasco. Para los niños, expertos en salud mental advierten que cada día en detención prolonga el daño psicológico y complica la rehabilitación futura.